SisVial: La Rioja ya es querellante y busca determinar qué pasó con los fondos para las rutas nacionales

La Rioja dio un nuevo paso en la causa judicial que investiga el presunto desvío de los recursos del Sistema Integral Vial (SisVial). El asesor general de Gobierno provincial, Pedro Goyochea, confirmó que la Justicia Federal admitió al gobernador Ricardo Quintela, en representación de la provincia, como querellante en el expediente que tramita ante el fuero federal.

En diálogo con Radio La Torre, Goyochea explicó que la resolución fue incorporada al sistema de comunicación electrónica del juzgado y que habilita formalmente a la Provincia a intervenir en el proceso judicial, controlar las actuaciones y participar en la investigación destinada a determinar si existieron responsabilidades por el destino que tuvieron los fondos.

Según detalló el funcionario, la causa tramita bajo el expediente 3960/2026 y tiene como eje los recursos provenientes de los impuestos que se aplican a los combustibles líquidos, cuyo destino específico está vinculado con la conservación y el mantenimiento de las rutas nacionales.

La denuncia apunta al destino de los recursos

Goyochea explicó que el mecanismo de financiamiento vial se encuentra instrumentado desde 2001. Cada vez que se carga combustible líquido, una parte de lo abonado integra un fondo destinado al sistema vial y posteriormente esos recursos son asignados a las distintas jurisdicciones.

El funcionario comparó el esquema con un mecanismo similar al de la coparticipación federal, debido a que el Estado Nacional recauda los fondos y posteriormente los distribuye entre las 24 jurisdicciones para atender las necesidades vinculadas con las rutas nacionales.

Sin embargo, sostuvo que a partir de diciembre de 2023 se produjo una modificación en la administración de esos recursos a través de dos decretos del Poder Ejecutivo Nacional. De acuerdo con su explicación, los fondos pasaron primero a la órbita del Ministerio de Economía y posteriormente a la Secretaría de Hacienda.

Goyochea cuestionó que, según lo planteado en la denuncia, los recursos no hayan sido asignados de acuerdo con el destino previsto legalmente.

La acusación sobre títulos de deuda y depósitos en dólares

Uno de los puntos centrales mencionados por el asesor general de Gobierno fue el presunto uso financiero de recursos que tenían una finalidad específica.

Según relató, públicamente se habría señalado que esos fondos estaban siendo destinados a la compra de títulos de deuda pública y a depósitos en dólares con fines de especulación financiera.

“Esto es lo que motivó, por supuesto, en el gobernador Ricardo Quintela, en formular la denuncia para que se averigüe efectivamente en qué condiciones se estaban dando estos desvíos de fondos”, explicó Goyochea.

La investigación judicial deberá determinar si efectivamente los recursos destinados a la conservación de las rutas nacionales fueron utilizados para otros fines y, eventualmente, si esa conducta configura algún tipo de responsabilidad penal.

Qué delitos se investigan

Goyochea explicó que la denuncia presentada por el gobernador contempla distintas conductas que, de comprobarse, podrían constituir delitos previstos en el Código Penal.

Entre ellas mencionó abuso de autoridad, mal desempeño de la función pública, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y defraudación a la administración pública.

El asesor provincial remarcó que se trata de recursos públicos y que la investigación apunta precisamente a determinar si fueron desviados de su finalidad específica hacia operaciones de carácter financiero.

En caso de comprobarse las conductas denunciadas, Goyochea señaló que las consecuencias podrían ser tanto penales como institucionales.

En el caso del Presidente de la Nación y del ministro de Economía, sostuvo que determinadas conductas podrían quedar comprendidas dentro de las causales de juicio político, independientemente de las acciones que correspondan en el ámbito penal.

Respecto del secretario de Hacienda, indicó que la eventual responsabilidad penal estaría vinculada con las funciones que tiene a su cargo y con la materialidad del supuesto desvío de los fondos.

La Rioja busca controlar el proceso judicial

La admisión de la Provincia como querellante le permite intervenir activamente en la causa. Para Goyochea, esto significa que La Rioja podrá controlar los actos procesales mediante los cuales se avance en la determinación de responsabilidades.

El funcionario sostuvo que el objetivo de la presentación judicial es conocer qué ocurrió con los recursos destinados al sistema vial y establecer si existieron irregularidades en su administración.

La causa, que tramita ante la Justicia Federal, deberá avanzar ahora con la producción de las pruebas necesarias para establecer el recorrido de los fondos y determinar si existieron conductas contrarias a la legislación.

Otras provincias también reclaman por las rutas

Goyochea señaló además que distintas provincias adoptaron estrategias judiciales frente al deterioro de las rutas nacionales, aunque no todas optaron por formular denuncias penales.

Mencionó el caso de provincias que recurrieron a acciones de amparo para exigir a los organismos nacionales que adopten medidas destinadas a garantizar la conservación y el mantenimiento de las rutas.

Según explicó, aunque las vías judiciales sean diferentes, existe un objetivo común: que el Gobierno Nacional asuma las obligaciones vinculadas con el mantenimiento de las rutas nacionales y con la utilización de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles.

Para el funcionario, el reclamo adquiere particular relevancia frente al estado de determinadas trazas viales, donde incluso las banquinas son utilizadas como alternativa de circulación ante las dificultades de transitabilidad.

La investigación judicial buscará determinar ahora si, además de las deficiencias en el mantenimiento de las rutas, existió un manejo irregular de los recursos que debían financiar esas tareas.

Una causa que pone bajo la lupa el manejo de fondos públicos

La admisión de La Rioja como querellante representa, según Goyochea, la posibilidad de que la Provincia participe directamente de una investigación que pretende esclarecer el destino de recursos vinculados con una finalidad concreta: la conservación y el mantenimiento de las rutas nacionales.

La Justicia Federal tendrá la responsabilidad de determinar, a partir de las pruebas que se incorporen al expediente, si existieron desvíos, quiénes pudieron haber intervenido y si las conductas denunciadas constituyen delitos.

Mientras tanto, la Provincia quedó formalmente incorporada al proceso y buscará intervenir en las distintas etapas de una causa que coloca bajo análisis el manejo de fondos públicos destinados al sistema vial.