Milei y una industria que se apaga: cuando el “modelo” se lleva puesto el trabajo argentino

Hay números que no necesitan demasiadas explicaciones. Hay estadísticas que, por sí solas, alcanzan para poner en discusión un discurso político. Y cuando hablamos de la industria argentina, los datos que deja la gestión de Javier Milei obligan, como mínimo, a preguntarse: ¿hacia dónde está llevando el Gobierno al aparato productivo nacional?

El diagnóstico es contundente: durante la era Milei, la producción industrial se encuentra 10,2% por debajo del nivel del modelo anterior, mientras que la utilización de la capacidad instalada cayó hasta el 59,1%. Dicho de manera sencilla: cuatro de cada diez máquinas de la industria argentina están paradas.

Y una máquina parada no es solamente una máquina que no produce.

Es una empresa que vende menos.
Es una PyME que deja de invertir.
Es un trabajador que pierde su empleo.
Es una familia que deja de consumir.
Es un pueblo que pierde movimiento económico.

Entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 se perdieron, según el informe citado, 97.312 puestos de trabajo registrados en unidades productivas industriales. No estamos hablando solamente de una discusión entre economistas. Estamos hablando de casi cien mil historias laborales que desaparecieron del circuito formal.

Y frente a esto aparece una pregunta inevitable: ¿puede un Gobierno hablar de éxito económico cuando la industria produce menos y destruye puestos de trabajo?

El Gobierno de Milei decidió desde el comienzo apostar por un esquema basado en el ajuste, la reducción del gasto público, la desregulación y una apertura económica que coloca a la producción argentina frente a competidores internacionales en condiciones que muchas veces no son equivalentes.

La teoría puede sonar atractiva en una presentación de PowerPoint.

La realidad de una fábrica es otra.

Una industria necesita energía, financiamiento, trabajadores capacitados, crédito, demanda interna y previsibilidad. Necesita consumidores que puedan comprar. Necesita que exista un mercado donde colocar lo que produce.

Pero si el consumo cae, el crédito se encarece, las tarifas aumentan y al mismo tiempo se facilita el ingreso de productos importados, el resultado puede ser devastador para quienes producen dentro del país.

Y ahí aparece uno de los datos más preocupantes: durante el primer semestre de 2026 ingresaron bienes de consumo por 5.362 millones de dólares, el mayor registro histórico para un primer semestre según el análisis citado.

Electrodomésticos, prendas de vestir, alimentos, motos, bicicletas, productos farmacéuticos.

Mientras una parte de la industria nacional intenta sobrevivir con menos ventas, productos fabricados en otros países encuentran cada vez más espacio en las góndolas y comercios argentinos.

Entonces aparece otra pregunta incómoda:

¿De qué sirve importar barato si el precio de esa supuesta ventaja es dejar sin trabajo al que fabrica en Argentina?

Porque una economía no puede medirse solamente por el precio de un producto en una vidriera.

También hay que mirar quién lo fabrica, dónde se produce, cuánto empleo genera, cuánto valor agregado queda en el país y qué sucede con las comunidades cuando una fábrica cierra.

La industria manufacturera representa alrededor del 18% del PIB y genera millones de empleos directos. Las PyMEs constituyen la enorme mayoría de las empresas argentinas y tienen un papel central en la generación de trabajo.

Por eso, cuando se desarma la política industrial, cuando desaparecen herramientas de financiamiento productivo y cuando se reducen mecanismos destinados a proteger la producción nacional, no se está eliminando simplemente una estructura burocrática del Estado: se están quitando instrumentos que durante décadas tuvieron como objetivo sostener la producción y el empleo.

El problema de fondo es ideológico.

El modelo de Milei parece confiar mucho más en que el mercado, por sí solo, ordenará la economía que en la necesidad de que el Estado tenga una política activa para defender sectores estratégicos.

Pero Argentina ya vivió experiencias similares.

Y la historia económica del país muestra que cuando la apertura indiscriminada termina destruyendo capacidades industriales, reconstruirlas puede llevar décadas.

Una fábrica que cierra no vuelve a abrir de un día para el otro.

Un trabajador que pierde un empleo calificado no recupera automáticamente esa experiencia laboral.

Una PyME que quiebra no reaparece mágicamente cuando cambia el ciclo económico.

Por eso resulta insuficiente responder que “el mercado acomodará las cosas”.

Porque mientras el mercado acomoda, hay familias que dejan de llegar a fin de mes.

Mientras se espera la recuperación, hay comercios que cierran.

Mientras se anuncia que “lo mejor está por venir”, hay industrias que trabajan al 50, al 60 o al 70 por ciento de su capacidad.

Y mientras se celebra algún indicador financiero, en buena parte del territorio nacional se discute cómo sostener el empleo.

Ese es quizás uno de los mayores contrastes de este modelo: los números financieros pueden contar una historia y la economía real contar otra completamente diferente.

El Gobierno puede mostrar equilibrio fiscal, reducción del déficit o determinados indicadores macroeconómicos como logros. Pero ningún resultado fiscal debería ser considerado exitoso si se consigue a costa de destruir el aparato productivo y deteriorar las condiciones de vida de quienes trabajan.

Porque el equilibrio de las cuentas públicas no puede transformarse en el desequilibrio de millones de hogares.

Y acá aparece la responsabilidad política.

No se puede atribuir eternamente cada problema a la “pesada herencia”. Milei asumió en diciembre de 2023. Ya lleva casi tres años de gobierno. Tiene la responsabilidad de las decisiones tomadas durante su gestión.

Si la industria cae, hay que analizar las políticas aplicadas.

Si las importaciones aumentan, hay que analizar las decisiones comerciales.

Si las PyMEs pierden financiamiento, hay que analizar qué hizo el Estado.

Si aumentan las tarifas y los costos productivos, hay que analizar las decisiones tarifarias.

Y si se destruyen puestos de trabajo registrados, el Gobierno debe hacerse cargo del resultado de su propio modelo económico.

Esto no significa negar que Argentina necesitaba corregir problemas estructurales. Tampoco significa desconocer que existían desequilibrios económicos antes de diciembre de 2023.

Pero una cosa es corregir una economía y otra muy diferente es confundir ajuste con desarrollo.

Porque bajar el gasto no es, por sí mismo, producir.

Cerrar organismos no es, por sí mismo, generar empleo.

Abrir importaciones no es, por sí mismo, aumentar la productividad.

Y bajar impuestos no garantiza automáticamente que una empresa invierta si no tiene clientes que puedan comprar sus productos.

La Argentina necesita estabilidad macroeconómica, sí.

Pero también necesita industria.

Necesita PyMEs.

Necesita trabajadores con salarios que permitan consumir.

Necesita crédito para producir.

Necesita inversión.

Necesita ciencia y tecnología.

Necesita infraestructura.

Y necesita un Estado que no mire desde la tribuna mientras las empresas nacionales compiten en desigualdad de condiciones.

El debate que debería abrirse en este Día de la Industria no es si queremos volver al pasado.

La discusión es mucho más sencilla:

¿Queremos una Argentina que produzca o una Argentina que solamente importe?

Porque si la respuesta es producir, entonces habrá que revisar profundamente el rumbo.

Los datos conocidos muestran una industria golpeada, menor utilización de la capacidad instalada, pérdida de puestos de trabajo y un fuerte crecimiento de las importaciones de bienes de consumo.

Y frente a semejante escenario, ya no alcanza con discursos.

La Argentina necesita respuestas.

Necesita políticas.

Necesita producción.

Necesita trabajo.

Y, sobre todo, necesita un Gobierno que entienda que la economía no termina en una planilla de Excel ni en el resultado de las cuentas fiscales: la economía también tiene rostro humano.

Detrás de cada fábrica hay trabajadores.

Detrás de cada PyME hay familias.

Detrás de cada persiana que se baja hay una comunidad que pierde una parte de su futuro.

Y si después de casi tres años de gestión el resultado es una industria que produce menos, importa más y emplea a menos personas, entonces la discusión ya no debería ser si existe una crisis industrial.

La verdadera discusión es qué responsabilidad tiene el modelo económico elegido por Javier Milei en haberla profundizado.

Y frente a los números, la respuesta política parece cada vez más difícil de esquivar.