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Censura previa en el país de “la libertad”

Lo grave no es solo la mordaza judicial.

El gobierno de Javier Milei, que se autoproclama defensor de la “libertad”, acaba de cometer un acto de autoritarismo que pasará a la historia: logró que un juez federal prohíba la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, la hermana del presidente y secretaria general de la Presidencia.

La medida no solo es polémica por su contenido —una orden judicial que impone censura previa— sino también por el contexto. La Constitución Nacional, en su artículo 14, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 13, prohíben de manera expresa cualquier forma de censura, directa o indirecta. Mucho más aún cuando la información involucra a funcionarios públicos y cuestiones de interés colectivo, como en este caso.

El juez Alejandro Maraniello, con un prontuario cargado de denuncias por acoso y abuso de poder, se apresuró a conceder la cautelar. En su resolución habla de “restricción provisoria y excepcional”, pero lo cierto es que impone un bozal legal sobre periodistas y medios de comunicación, algo incompatible con la democracia argentina desde 1983. El constitucionalista Andrés Gil Domínguez lo dijo con claridad: “La interdicción de la censura previa es un contenido esencial de la libertad de expresión”.

Lo grave no es solo la mordaza judicial. También preocupa la ofensiva política. Desde el Gobierno se pidió incluso allanar medios y domicilios de periodistas, en un intento desesperado por silenciar investigaciones que exponen presuntas coimas y negocios turbios dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad y el propio corazón de la Casa Rosada. Una maniobra burda, que busca tapar el escándalo bajo el disfraz de “operaciones de inteligencia extranjera”.

La censura es el último recurso de los gobiernos débiles, de los que ya no tienen respuestas y solo buscan sobrevivir a cualquier costo. El problema no son los periodistas que difunden información, el problema es la corrupción que intentan esconder. Y si algo queda claro es que en democracia no existe derecho a la impunidad.

Desde este medio levantamos la voz en defensa de los colegas censurados y en defensa de la libertad de prensa, que no es un privilegio de los periodistas sino un derecho de toda la sociedad a estar informada. Callar a la prensa es callar al pueblo.

El gobierno de Milei “pisó el palito”: al pedir censura, confirmó con su propia conducta que los audios lo incomodan y que detrás hay mucho más de lo que se animan a admitir.

En este país aprendimos con dolor que la censura nunca es el camino. Quien se dice libertario pero calla a la prensa se convierte en aquello que juró combatir. Porque, al fin y al cabo, no se puede tapar el sol con un dedo.

El abrazo  y el apoyo a Mauro Federico y Jorge Rial, y en ellos a las y los colegas de C5N, Radio 10 y Carnaval Stream.

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