Reclamo por los límites con San Juan: Fiscalía de Estado cuestiona un decreto de la dictadura y prepara acciones legales
El fiscal de Estado, Emilio Rodríguez, confirmó que la Provincia avanzará en una estrategia jurídica. Convocarán a especialistas y conformarán una comisión de trabajo.
Tras la aprobación de una ley por parte de la Cámara de Diputados, la Fiscalía de Estado comenzó a delinear una estrategia jurídica destinada a revisar la situación territorial y cuestionar la validez de una norma dictada durante la última etapa de gobiernos de facto en el país.
El fiscal de Estado de La Rioja, Emilio Rodríguez, confirmó que el organismo ya trabaja junto a equipos técnicos para avanzar en el análisis legal e histórico del conflicto, impulsado por una iniciativa promovida por el gobernador Ricardo Quintela y respaldada por la Legislatura provincial.
“Vamos a realizar un exhaustivo análisis desde el punto de vista jurídico, procurando utilizar todas las vías legales y judiciales que nos aporte el derecho para defender la integridad territorial de La Rioja”, sostuvo Rodríguez.
El funcionario explicó que la nueva legislación tiene un espíritu similar al de una norma sancionada por la Cámara de Diputados provincial en 1973, mediante la cual se rechazaba el Decreto Ley 18.004, firmado durante el gobierno de facto encabezado por Juan Carlos Onganía.
Según la postura de la Provincia, ese instrumento jurídico carecería de legitimidad constitucional. “Cuestionamos la validez jurídica de ese decreto porque vulnera la Constitución Nacional. No participó el Congreso de la Nación ni tampoco las legislaturas provinciales, tal como lo establecen los artículos correspondientes de la Constitución”, afirmó.
Rodríguez adelantó que la Provincia buscará conformar una estrategia común entre distintos organismos e instituciones para fortalecer la posición riojana.
En ese sentido, señaló que se convocará a historiadores, especialistas en límites territoriales, juristas y constitucionalistas de La Rioja y de otras provincias para analizar antecedentes y definir acciones futuras.
“Nos ponemos a disposición del gobernador, de la función legislativa y de todos los organismos del Estado para articular una defensa común”, explicó.
Además, destacó que la ley recientemente aprobada contempla la conformación de una comisión específica para estudiar la cuestión y coordinar las acciones institucionales.
Mientras se aguarda la promulgación y publicación oficial de la norma, Rodríguez indicó que la Fiscalía de Estado ya inició tareas preliminares y que los equipos técnicos se encuentran trabajando sobre documentación histórica y antecedentes jurídicos.
Consultado sobre la postura expresada por autoridades sanjuaninas tras la aprobación de la ley riojana, el fiscal señaló que aún no hubo conversaciones formales, aunque anticipó que buscará comunicarse con su par de la provincia vecina.
“Voy a intentar dialogar con el Fiscal de Estado de San Juan en el marco de la buena fe federal que debe imperar en este tipo de cuestiones”, manifestó.
No obstante, ratificó la posición de La Rioja respecto al origen del conflicto.
“Entendemos que un gobierno de facto no tenía legitimidad para desmembrar parte del territorio de una provincia. Esa es la base constitucional sobre la que trabajaremos”, sostuvo.
La reapertura del debate promete generar un nuevo capítulo en una discusión histórica que involucra aspectos jurídicos, institucionales y territoriales entre ambas provincias y que ahora vuelve a cobrar impulso desde la esfera política y judicial riojana.
