Pago a estatales: La Rioja inyecta en julio más de $90 mil millones al circuito económico

Mientras el Gobierno nacional recorta, posterga o evade responsabilidades, La Rioja marca una diferencia. En este mes de julio, el Ejecutivo provincial destinará una suma superior a los 92.000 millones de pesos al pago de salarios, Quincenita y medio aguinaldo. Lejos de los discursos, la gestión de Ricardo Quintela prioriza con hechos concretos a las y los trabajadores estatales, sosteniendo la rueda económica local en medio de una crisis nacional que ahoga a provincias y municipios.

Esta política no sólo significa un alivio directo para las y los empleados públicos riojanos que perciben además del sueldo, la Quincena y el aguinaldo, sino que implica un potente estímulo para comercios, servicios y economías regionales que dependen en gran parte del consumo interno.

El gobernador Quintela no solo mantiene el compromiso de pagar en tiempo y forma —sueldos en los primeros días hábiles del mes, Quincenita el 15 y SAC en la primera quincena de julio— sino que se destaca como una de las pocas gestiones provinciales del país que puede afrontar estas obligaciones, sin necesidad de tomar deuda o recurrir al auxilio financiero.

Este dato cobra aún más relevancia si se tiene en cuenta el contexto nacional: la administración de Javier Milei ha cortado transferencias, paralizado obras, eliminado subsidios y recortado recursos a las provincias en nombre del "déficit cero", sin importar las consecuencias sociales. Mientras muchas jurisdicciones recurren a préstamos para cubrir salarios, endeudándose aún más, La Rioja actúa con previsión, orden fiscal y sensibilidad social.

Una decisión también para destacar es la forma de cálculo del aguinaldo. Como en diciembre del año pasado, se toma el 50% del salario de bolsillo sin incluir adicionales como la Quincenita o el ítem IPE en el caso de los docentes. Este criterio garantiza transparencia y previsibilidad en los ingresos de los trabajadores.

A su vez, el gobernador anticipó que se analiza una posible mejora salarial para la administración pública provincial (trabajadores de planta, vinculados al Estado), que sería anunciada en agosto y aplicada en septiembre, siempre bajo el principio de responsabilidad fiscal.

La decisión política de volcar estos fondos al circuito económico en un contexto de recesión, inflación persistente y caída del consumo, tiene impacto más allá del empleo público. Los comerciantes, prestadores de servicios, emprendedores y pymes locales se ven beneficiados directamente con este flujo de dinero que se reinvierte en la provincia, promoviendo consumo, actividad y, sobre todo, esperanza.

En tiempos donde el Estado nacional se desentiende y promueve un modelo de ajuste, desfinanciamiento y abandono, La Rioja muestra que otra forma de gobernar es posible: cercana, previsible, con prioridades claras y un rumbo definido.