Licencia por violencia de género: cómo funciona el derecho que protege a trabajadoras del Estado provincial

En una nueva edición de la columna de género de Radio La Torre, la directora Gabriela Barrionuevo y la psicóloga Itatí Carrizo, integrantes de la Secretaría de la Mujer y Diversidad, brindaron detalles sobre la licencia laboral por violencia de género contemplada en el Decreto 407/25, destinado a trabajadoras y diversidades de la administración pública provincial.

Durante la entrevista, explicaron que se trata de un derecho específico que busca acompañar a personas que atraviesan situaciones de violencia, permitiéndoles ausentarse de sus lugares de trabajo para realizar denuncias, trámites judiciales, controles médicos y tratamientos terapéuticos, sin que esto implique descuentos salariales ni afecte su estabilidad laboral.

Barrionuevo indicó que la normativa reglamenta el inciso Q de la Ley Administrativa Provincial y establece un procedimiento concreto para acceder a la licencia. En ese sentido, precisó que las personas deben presentar la denuncia correspondiente en las áreas de Recursos Humanos de cada organismo, bajo estricta confidencialidad y en sobre cerrado.

“Esta licencia no es un privilegio, es un derecho”, remarcaron desde el equipo técnico, al tiempo que señalaron que muchas víctimas suelen atravesar procesos de aislamiento, miedo o inseguridad que dificultan sostener la rutina laboral mientras enfrentan situaciones judiciales y emocionales complejas.

Según detallaron, una vez presentada la denuncia, se otorgan inicialmente 30 días de licencia, con posibilidad de renovación. Posteriormente, el tiempo puede extenderse según las medidas de protección dictadas por la Justicia, que en algunos casos alcanzan los 120 o 180 días.

La psicóloga Itatí Carrizo destacó además que uno de los objetivos centrales de esta política pública es “despatologizar” la violencia de género. Explicó que anteriormente muchas trabajadoras debían justificar sus ausencias mediante certificados psiquiátricos o diagnósticos médicos, situación que terminaba tratando la violencia como una enfermedad individual.

“Lo que atraviesa una persona en contexto de violencia necesita tiempo, acompañamiento y redes de apoyo”, sostuvo.

Otro de los puntos abordados durante la entrevista fue el rol de las instituciones y la necesidad de contar con protocolos adecuados para abordar estos casos. Las profesionales advirtieron que todavía persisten prácticas revictimizantes o cuestionamientos hacia quienes solicitan este tipo de licencias.

En ese marco, señalaron que la normativa protege la confidencialidad de las trabajadoras y que los superiores jerárquicos solo reciben la notificación administrativa correspondiente, sin acceso a detalles personales o judiciales.

Actualmente, según informaron desde la Secretaría, existen ocho licencias activas en la provincia bajo este régimen.

Finalmente, las integrantes del organismo remarcaron la importancia de difundir esta herramienta para que más personas conozcan sus derechos y sepan que pueden acceder a acompañamiento institucional ante situaciones de violencia de género.