Guillermo Pereyra: “La libertad educativa es un retiro del Estado nacional”

La reforma del sistema educativo nacional que impulsa el gobierno de Javier Milei genera una profunda preocupación en el ámbito docente. Así lo expresó en Radio La Torre Guillermo Pereyra, secretario de Organización del SELaR, politólogo y docente, quien advirtió que el proyecto denominado “ley de libertad educativa” implica un cambio estructural del rol del Estado y un serio retroceso en materia de derechos.

Pereyra explicó que, aunque el proyecto aún no ingresó formalmente al Congreso, el borrador ya permite anticipar un cambio de paradigma: el Estado dejaría de ser garante del derecho a la educación desde el ingreso. “Desde el artículo 1 ya hay una trampa conceptual: el Estado garantiza la permanencia y el egreso, pero no el ingreso. Eso rompe el punto de partida igualitario que históricamente tuvo la escuela pública argentina”, sostuvo.

Según detalló, actualmente el Estado es responsable de garantizar ingreso, permanencia y egreso, sin distinción social o económica. Sin embargo, la iniciativa plantea que la responsabilidad educativa recaiga primero en las familias y el sector privado, quedando el Estado como actor subsidiario, solo cuando esos actores no puedan cubrir la demanda. “Esto atenta contra una de las banderas más importantes del país: el acceso irrestricto a la educación pública”, remarcó.

En ese esquema, Pereyra alertó sobre la competencia entre escuelas, el avance de un sistema de vouchers y la mercantilización del proceso educativo. A esto se suma la eliminación de un piso mínimo de financiamiento: “La inversión educativa ya cayó por debajo del 3% del PBI y el presupuesto prácticamente la reduce a cero. Se deroga, en los hechos, la ley de financiamiento educativo”.

Uno de los puntos más sensibles, según el dirigente sindical, es el impacto directo sobre el trabajo docente. El proyecto propone evaluaciones basadas en tasas de egreso, lo que podría dejar fuera del sistema a quienes no alcancen determinados indicadores. “Hoy se evalúa por ranking; con esta reforma, si no egresan alumnos, el docente puede ser expulsado de un sistema cuasi privado”, explicó.

Además, advirtió que la reforma laboral, previsional y educativa actúan de manera conjunta para elevar la edad jubilatoria, eliminar regímenes especiales y flexibilizar condiciones de trabajo. “Vamos a trabajar más años, perder derechos previsionales y quedar expuestos a un sistema sin paritarias reales”, afirmó.

Pereyra también puso el foco en la educación domiciliaria, que el proyecto habilita con mayor amplitud. Señaló que esta modalidad profundizaría las desigualdades, especialmente en zonas rurales y sectores vulnerables. “¿Cómo compite un niño del interior, cuyos padres no completaron la primaria, con otro de alto poder adquisitivo que puede tercerizar la educación?”, cuestionó.

Incluso, alertó sobre un trasfondo mercantilista: “Un docente con habilidades digitales podría absorber cientos de alumnos en una plataforma virtual, vaciando escuelas enteras. No se ha dimensionado el nivel de exclusión que esto puede generar dentro del propio sistema docente”.

Finalmente, Pereyra consideró que el desafío no pasa solo por rechazar la reforma, sino por informar y generar herramientas legales desde las provincias para amortiguar su impacto. “El sector docente acompañó este modelo sin entender cuánto estaba en juego: la fuente laboral, la formación docente y derechos conquistados tras décadas de lucha”, concluyó.