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Suspendieron 92 cooperativas y mutuales en la provincia

Fernando Gómez alertó sobre la suspensión de 88 cooperativas y cuatro mutuales riojanas. Advirtió que tienen entre 30 y 45 días para regularizar su situación y evitar la liquidación.

La suspensión de 92 cooperativas y mutuales de La Rioja encendió las alarmas en el sector de la economía social. Fernando Gómez, integrante de la Mesa de Cooperativas de la provincia, cuestionó la decisión del Gobierno nacional y advirtió que las entidades afectadas podrían perder su figura jurídica si no logran regularizar su situación dentro del plazo establecido.

En diálogo con Radio La Torre, Gómez precisó que entre las organizaciones suspendidas hay 88 cooperativas y cuatro mutuales. Según explicó, la medida forma parte de una resolución firmada el 10 de octubre, de la que las organizaciones riojanas tomaron conocimiento recién a fines de la semana pasada.

El dirigente calificó la decisión como impactante y la vinculó con las políticas económicas del gobierno de Javier Milei. También cuestionó el enfoque administrativo aplicado por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), organismo al que reclamó revisar la medida y habilitar una instancia de regularización.

Gómez explicó que la suspensión impide a las entidades desarrollar normalmente sus actividades hasta que puedan completar un proceso de saneamiento, para el cual disponen de un plazo de entre 30 y 45 días.

Advirtió que, en muchos casos, ese período resulta insuficiente para resolver las dificultades administrativas y contables acumuladas. Si las organizaciones no logran regularizar su situación, podría iniciarse un proceso de liquidación que implique la pérdida de su figura jurídica y la liquidación de su patrimonio.

El representante de la Mesa de Cooperativas señaló que muchas entidades arrastran deudas y documentación pendiente correspondientes a los ejercicios 2023, 2024 y 2025. Entre los requisitos que deben resolver mencionó la presentación de balances, la actualización de los ejercicios contables y la regularización de las autoridades.

Según explicó, estas dificultades se profundizaron con la caída de la actividad económica y la devaluación del 120% que se produjo al comienzo de la actual gestión nacional.

Gómez también cuestionó que el INAES no haya agotado previamente otras instancias, como las notificaciones y el contacto directo con las entidades para advertirles sobre las irregularidades antes de aplicar una suspensión.

Uno de los principales puntos de preocupación es la cantidad de trabajadores que podrían verse afectados si las cooperativas pierden su capacidad de funcionamiento.

Durante la entrevista, Gómez advirtió que la situación involucra entre 800 y 1.000 puestos de trabajo en La Rioja. Explicó que, aunque los trabajadores podrían continuar desarrollando sus actividades de manera individual, perderían la estructura jurídica que les permite funcionar como una unidad productiva, realizar aportes previsionales, contar con seguros y brindar servicios bajo una organización colectiva.

Como ejemplo, mencionó el caso de las cooperativas dedicadas a la electromecánica y la reparación de motores eléctricos, actividad en la que participan técnicos e ingenieros.

Para el dirigente, la desaparición de una cooperativa no implica necesariamente que sus integrantes dejen de trabajar, pero sí puede desarticular la organización que les permite ofrecer servicios, asumir responsabilidades y sostener una actividad económica formal.

Gómez sostuvo que La Rioja no cuenta con políticas públicas específicas para el sector cooperativo y cuestionó que, durante los últimos 16 años, no se haya implementado ni presupuestado la ley provincial de desarrollo cooperativo aprobada en 2010, a la que definió como una norma innovadora.

También señaló que las cooperativas riojanas enfrentan dificultades para acceder a servicios bancarios. Según relató, al no contar con un reconocimiento específico por parte del Estado provincial, deben recurrir a mecanismos de certificación destinados a pequeñas y medianas empresas para poder operar.

A esa situación sumó los costos administrativos e impositivos que, según explicó, afrontan las cooperativas. Gómez afirmó que estas entidades deben cumplir con numerosos requisitos contables y registrales, una carga que se vuelve especialmente difícil cuando cae la actividad económica y los ingresos no alcanzan para cubrir todas las obligaciones.

El dirigente consideró que estas exigencias agravan las dificultades de las organizaciones y cuestionó que el sistema no contemple adecuadamente las particularidades de la economía social.

Otro de los reclamos expuestos por Gómez está relacionado con los fondos cooperativos que, según indicó, se generan a partir de los aportes del propio sector.

El referente señaló que esos recursos rondaron los 680 millones de pesos durante el año pasado y los 540 millones en lo que va del actual, y sostuvo que podrían haber contribuido a sanear las cuentas de las entidades, incluidas las obligaciones vinculadas con las cargas sociales de los trabajadores.

Además, afirmó que desde la Mesa de Cooperativas vienen reclamando respuestas a las autoridades nacionales y provinciales. Según relató, convocaron a una reunión con representantes de los organismos competentes, pero las autoridades no asistieron.

Gómez también planteó la posibilidad de que hayan existido presiones de sectores empresariales tradicionales para endurecer las condiciones que deben cumplir las cooperativas, aunque aclaró que se trata de una especulación del propio sector.

A nivel nacional, indicó que la suspensión alcanza a unas 8.050 de las 9.200 entidades mencionadas durante la entrevista, lo que representa aproximadamente el 92%.

Frente a este escenario, la Mesa de Cooperativas exige que el INAES revise la resolución y habilite mecanismos que permitan regularizar la situación de las organizaciones antes de avanzar hacia procesos de liquidación.

Finalmente, Gómez defendió el papel de la economía social como un componente fundamental de la actividad económica, junto con el Estado y las empresas privadas tradicionales. Sostuvo que las cooperativas cumplen una función social que permite sostener fuentes laborales, prestar servicios y atender necesidades que el mercado no siempre resuelve.


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