Sesión para limitar los DNU: la UCR se al PRO para vaciar el recinto en un gesto de apoyo a Milei
Presión de los gobernadores en medio del debate del Presupuesto 2025
El bloque UCR de Rodrigo de Loredo no dará quórum en la sesión especial convocada para las 15:00 en la Cámara de Diputados. Los radicales se suman así a la estrategia anunciada por el PRO de Mauricio Macri y no bajarán al recinto para intentar bloquear la aprobación de un proyecto de ley que limita la vigencia de los decretos de necesidad y urgencia.
La presión de os gobernadores, tanto de la UCR como del PRO, hizo efecto en Diputados en medio de las negociaciones de las provincias con la Casa Rosada por la distribución de partidas en el Presupuesto 2025. La oposición ronda los 134 votos para avanzar con la modificación de la ley 26.122 que regula el alcance y vigencia de los DNU.
La intención de los bloques opositores es que con el rechazo de una sola de las Cámaras del Congreso sea suficiente para descartar un DNU. Actualmente la ley exige el rechazo de Diputados y del Senado.
Límite a los DNU
En paralelo a la negociación de los gobernadores con la Casa Rosada por partidas presupuestarias, Javier Milei adelantó que vetará la reforma a la ley 26.122 para limitar a los DNU en caso de ser aprobada por el Congreso. El dictamen de mayoría es impulsado por Union por la Patria, los radicales de Democracia para Siempre y Encuentro Federal de Miguel Pichetto.
El despacho de mayoría sobre la modificación a la ley que regula los DNU tiene cinco artículos y establece que los decretos de necesidad y urgencia “perderán vigencia si no fueran aprobados mediante resolución de ambas Cámaras del Congreso en un plazo de 90 días corridos contados desde su publicación”.
También determina que en el caso de que los DNU sean emitidos durante el receso del Congreso, “las Cámaras podrán abocarse a su expreso e inmediato tratamiento conforme al artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional”.
La principal modificación consiste en que “el rechazo por alguna de las Cámaras del Congreso del decreto de que se trate implica su derogación, quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia”. Además, el proyecto establece que “rechazado un decreto, el Poder Ejecutivo no podrá dictar uno análogo en el mismo período parlamentario”.
