Semáforos en rojo: cómo se agravan las multas y qué pasa con los reincidentes

La jueza de Faltas de Tránsito N° 1 del municipio, Nadia Luján Galo, explicó en Radio La Torre cómo funciona el sistema de sanciones ante las infracciones de tránsito y puso especial énfasis en la reincidencia, el registro de antecedentes y los controles destinados a prevenir siniestros.

Galo señaló que los antecedentes quedan asentados en el sistema y que esa información resulta determinante al momento de establecer una sanción. En ese sentido, explicó que una persona que vuelve a cometer infracciones graves dentro de un período determinado puede recibir un agravamiento de la multa.

Como ejemplo, mencionó el caso de un conductor que ya acumulaba dos infracciones durante el año y enfrentaba una tercera. Según detalló, los antecedentes correspondían a faltas vinculadas con la licencia de conducir y el uso de casco.

La jueza explicó que, ante una situación de reincidencia, el juez cuenta con un margen para incrementar la cantidad de unidades de multa dentro de los parámetros establecidos. Según precisó, existe un mínimo y un máximo, mientras que el pago voluntario representa la mitad del mínimo.

Galo mencionó como referencia un monto mínimo de 213 mil pesos y señaló que, dependiendo de los antecedentes, la sanción puede duplicarse o incluso triplicarse dentro de los límites previstos.

Los ciclistas también deben respetar los semáforos
La jueza también se refirió a los controles sobre ciclistas y remarcó que quienes circulan en bicicleta tienen la misma obligación de respetar los semáforos en rojo que motociclistas y automovilistas.

Explicó que se analiza la modalidad para realizar los controles y que, en determinadas circunstancias, podría disponerse la retención de una bicicleta a la espera de que se presente la documentación correspondiente para labrar la infracción.

Galo sostuvo que las conductas sancionables ya están determinadas por la normativa nacional y que tanto la provincia como el municipio se encuentran adheridos a esas disposiciones. El punto pendiente, según explicó, está relacionado con la implementación efectiva de los controles y fiscalizaciones.

Al referirse a los operativos de control de tránsito, la jueza consideró que este tipo de acciones tienen un objetivo preventivo. “Nosotros no contabilizamos las muertes, las vidas que salvamos”, expresó Galo, al explicar que el efecto de la prevención también debe analizarse a partir de los hechos que no llegan a ocurrir.

En ese marco, valoró los controles sobre los cruces de semáforos en rojo como una herramienta para generar cambios de conducta entre los conductores.

La jueza planteó que, más allá de las críticas que puedan generar los operativos, el objetivo es que las acciones del Estado municipal contribuyan a prevenir situaciones que puedan derivar en accidentes o siniestros.

El municipio está adherido al scoring desde 2022
Galo también confirmó que la provincia y el municipio están adheridos al sistema de scoring desde 2022, a partir del Decreto 242.

Sin embargo, explicó que para aplicar plenamente el sistema es necesario ordenar previamente las infracciones y contar con las herramientas procedimentales y tecnológicas correspondientes.

En ese sentido, informó que desde mediados de julio se solicita el libre deuda municipal de infracciones como parte del trámite relacionado con la licencia de conducir.

La jueza explicó que el libre deuda tiene una vigencia de un mes y permite informar las infracciones existentes para que la situación quede ordenada al momento de renovar una licencia o tramitarla por primera vez.

Según Galo, esta instancia resulta necesaria porque las infracciones deben estar correctamente registradas y notificadas antes de avanzar con la aplicación del sistema de descuento de puntos.

¿Qué falta para aplicar el scoring?
La magistrada explicó que el sistema requiere una estructura que permita implementar el descuento de puntos de manera ordenada y que actualmente existe una cuestión procedimental pendiente. “Vamos progresivamente”, señaló, y remarcó que la licencia de conducir constituye una herramienta importante para las personas, por lo que consideró necesario avanzar de manera organizada.

Galo explicó además que, como autoridad jurisdiccional, los jueces de Faltas tienen facultades para aplicar sanciones e incluso disponer inhabilitaciones, mientras que el sistema de scoring contempla la sanción económica y el descuento de puntos correspondiente.

Controles para cambiar conductas
La jueza puso el foco en la necesidad de generar conciencia sobre el cumplimiento de las normas de tránsito, especialmente en relación con la seguridad y la vida de terceros.

También mencionó como problemática determinadas conductas que se observan en la ciudad, entre ellas la circulación en contramano en algunos barrios.

Respecto de la continuidad de los operativos, aclaró que la parte operativa no depende directamente del juzgado, sino que es determinada por el Ejecutivo municipal a través de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte.

De esta manera, la implementación de controles sobre los semáforos y otras infracciones queda vinculada a la planificación operativa del área municipal correspondiente, mientras que el Juzgado interviene en el procedimiento y la aplicación de las sanciones que correspondan.