Reforma de Salud Mental: qué cambia en las internaciones y por qué preocupa a organizaciones de Derechos Humanos

La reforma de la Ley Nacional de Salud Mental impulsada por el Gobierno nacional genera preocupación entre organizaciones vinculadas a los derechos humanos y la discapacidad. Eduardo Quiroga, abogado del área de Discapacidad y Derechos Humanos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIS), cuestionó durante una entrevista con Radio La Torre los principales cambios planteados y sostuvo que la iniciativa representa un retroceso respecto del modelo establecido por la legislación vigente.

Quiroga señaló que, si bien la salud mental tiene cada vez mayor presencia en los medios y en las conversaciones sociales, esa mayor visibilidad no se traduce, a su entender, en una priorización dentro de las políticas públicas nacionales.

En ese sentido, afirmó que no solamente existe una falta de incremento de recursos destinados al área, sino que también se observa una reducción de los recursos presupuestarios asignados a las políticas de salud mental, en un contexto en el que las demandas de atención son crecientes.

El regreso del hospital psiquiátrico como eje
Uno de los principales cuestionamientos de Quiroga apunta al modelo de atención que, según explicó, promueve la reforma.

Recordó que la Ley Nacional de Salud Mental sancionada en 2010 incorporó estándares internacionales orientados a reemplazar progresivamente el sistema centrado en hospitales psiquiátricos por un modelo comunitario.

Según explicó, históricamente la atención estuvo organizada alrededor del hospital psiquiátrico y de las internaciones como principal respuesta. Sin embargo, sostuvo que la evidencia acumulada durante décadas mostró que ese esquema no produjo mejores resultados y que, además, generó situaciones de segregación, violencia, prácticas coercitivas, sobremedicación y pérdida de vínculos familiares y sociales.

El abogado señaló que organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud comenzaron a recomendar desde la década de 1990 la sustitución de los hospitales psiquiátricos por dispositivos comunitarios, equipos interdisciplinarios y la incorporación de servicios de salud mental en hospitales generales cuando resulte necesaria una internación.

La legislación argentina de 2010, explicó, recogió ese enfoque y prohibió expresamente la creación de nuevos hospitales psiquiátricos, planteando la transformación de los existentes hacia un sistema de salud mental comunitaria.

Para Quiroga, el proyecto presentado por el Gobierno nacional vuelve a colocar al hospital psiquiátrico en el centro del sistema y amplía el protagonismo de las internaciones.

Qué cambia con las internaciones involuntarias
Otro de los puntos centrales de la entrevista fue el tratamiento de las internaciones involuntarias.

Quiroga aclaró que la legislación vigente ya contempla tanto internaciones voluntarias como involuntarias. Estas últimas pueden realizarse cuando la persona no presta su consentimiento, pero existe una evaluación de un equipo interdisciplinario que determina la presencia de un riesgo cierto para la vida o la integridad física de esa persona o de terceros.

El abogado remarcó que las demandas de las familias frente a situaciones de crisis son reales y deben ser atendidas por el Estado. Sin embargo, consideró que la falta de respuestas alternativas no constituye un problema generado por la ley vigente, sino por el déficit de políticas públicas y dispositivos de atención.

Según su explicación, el proyecto oficial modifica el criterio actual y reemplaza la referencia al “riesgo cierto” por un concepto de “riesgo grave”, algo que, a su entender, amplía y flexibiliza las condiciones para disponer una internación involuntaria.

Quiroga sostuvo que esto puede afectar derechos fundamentales porque se trata de una práctica excepcional dentro del sistema sanitario, ya que implica imponer un tratamiento a una persona contra su voluntad.

También cuestionó que la propuesta incorpore elementos vinculados con antecedentes o posibles situaciones futuras para evaluar el riesgo, en lugar de concentrarse exclusivamente en la situación concreta que atraviesa la persona.

La preocupación por el rol de los psiquiatras
Otro de los aspectos señalados durante la entrevista fue la composición de los equipos encargados de evaluar las internaciones.

Quiroga explicó que la normativa vigente contempla la participación de un psiquiatra o un psicólogo junto con otro profesional. Según indicó, el proyecto presentado originalmente por el Gobierno establece como obligatoria la intervención y firma de un psiquiatra.

El abogado advirtió que esto puede generar dificultades prácticas debido a la escasez de profesionales de esa especialidad a nivel nacional.

Además, mencionó la existencia de una nueva versión del proyecto que habría incorporado la posibilidad de que una internación sea firmada por un médico y que la participación del psiquiatra pueda concretarse mediante una teleconsulta.

Para Quiroga, esa posibilidad resulta especialmente problemática porque una persona atravesando una crisis de salud mental podría ser evaluada para una internación por un profesional que no necesariamente tenga formación específica en salud mental, mientras el especialista participa a distancia.

A su entender, ese mecanismo no responde adecuadamente a criterios científicos y éticos para el abordaje de estas situaciones.

Los hospitales psiquiátricos todavía existen
El entrevistado también aclaró que la prohibición establecida por la legislación de 2010 no significó que los hospitales psiquiátricos desaparecieran inmediatamente.

Según explicó, la implementación de la ley fue heterogénea y dependió en buena medida de las decisiones políticas y de la existencia de políticas públicas, inversiones y dispositivos alternativos.

Como ejemplo, señaló que en la Ciudad de Buenos Aires todavía existen cuatro grandes instituciones psiquiátricas públicas que no avanzaron en un proceso de transformación.

Además, mencionó un censo realizado en 2019 que identificó 162 hospitales psiquiátricos en Argentina, públicos y privados.

Para Quiroga, la permanencia de estas instituciones está relacionada con la falta de desarrollo suficiente de alternativas: hospitales generales que incorporen servicios de salud mental, atención ambulatoria, internaciones cuando sean necesarias y equipos interdisciplinarios cercanos a los lugares donde viven las personas.

Adicciones y consumos problemáticos
Respecto de la incorporación de las adicciones y los consumos problemáticos al debate, Quiroga aclaró que esas situaciones ya están contempladas dentro de la Ley Nacional de Salud Mental desde 2010 y que también existe legislación específica vinculada con los programas destinados al consumo problemático.

Según su análisis, el proyecto utiliza el aumento de las situaciones de consumo como uno de los argumentos para fundamentar la flexibilización de los criterios de internación.

Sin embargo, cuestionó que la iniciativa no contemple, en paralelo, una ampliación de dispositivos de atención, nuevas modalidades de abordaje o un incremento de recursos destinados específicamente a las políticas sobre consumos problemáticos.

Por eso, consideró que aumentar las posibilidades de internación y flexibilizar sus criterios puede resultar contraproducente tanto para el abordaje de la salud mental como para las problemáticas vinculadas con los consumos.

En definitiva, Quiroga sostuvo que la reforma debería ser analizada a partir de sus efectos sobre los derechos de las personas y sobre el modelo de atención, y planteó que las respuestas frente a las crisis de salud mental requieren el desarrollo de alternativas comunitarias, equipos interdisciplinarios y políticas públicas con recursos suficientes.