Qué cambia para los adolescentes con el nuevo régimen penal juvenil

La entrada en vigencia del nuevo régimen penal juvenil implicará un cambio significativo en el tratamiento de los adolescentes que cometan hechos considerados delitos. La jueza de Familia, Niños, Niñas, Adolescentes y Adultos Mayores, Alicia Valdés, explicó en diálogo con Radio La Torre cuáles serán sus principales alcances y remarcó que no se trata solamente de una modificación en la edad de responsabilidad penal.

Valdés aclaró que en la Primera Circunscripción Judicial ya se están llevando adelante las acciones necesarias para implementar el nuevo régimen penal juvenil y explicó que la normativa establece que los adolescentes de entre 14 y 18 años podrán ser responsabilizados penalmente por delitos contemplados en el Código Penal.

Uno de los principales cambios, según detalló, es que serán procesados todos los delitos previstos por la legislación penal, independientemente de la cantidad de años de pena que contemplen. La magistrada explicó que esto representa una diferencia respecto del régimen vigente hasta ahora.

La jueza llamó especialmente la atención sobre situaciones que pueden aparecer en la vida cotidiana de los adolescentes. Mencionó peleas, agresiones físicas, hurtos o robos de celulares, bicicletas o mochilas, daños materiales, vandalismo, amenazas, hostigamiento y la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, entre otras conductas.

“Cualquier adolescente que tenga la edad de imputabilidad y que cometa un hecho que esté calificado como delito va a ser ingresado al sistema penal juvenil”, explicó.

Sin embargo, Valdés remarcó que esto no significa que la privación de la libertad sea automática. Según explicó, continúan vigentes las garantías procesales y el principio de que la detención debe ser excepcional y utilizada como último recurso.

En ese marco, señaló que existen distintas medidas alternativas a la privación de la libertad, entre ellas la prisión domiciliaria, tareas comunitarias, desempeño de oficios, dispositivos de geolocalización, prohibiciones de contacto, restricciones para conducir vehículos o concurrir a determinados lugares.

Otro de los instrumentos que destacó es la mediación penal juvenil, a la que consideró particularmente importante porque permite contemplar tanto la participación de la víctima como la responsabilidad del adolescente por el daño ocasionado.

Según Valdés, esta herramienta puede contribuir a la reparación de la víctima y, al mismo tiempo, generar en el adolescente una mayor conciencia sobre las consecuencias de sus actos, evitando llegar a una instancia más gravosa.

La magistrada también puso el foco en las familias. Explicó que el nuevo régimen establece una responsabilidad civil de los padres por los daños ocasionados por el delito cometido por sus hijos adolescentes, mientras que la responsabilidad penal continúa siendo personal del adolescente.

Otro aspecto que destacó fue el límite de las penas. Valdés consideró que una condena de hasta 15 años para los delitos más graves representa un período muy significativo para una persona que todavía se encuentra en plena adolescencia.

“Es muy demoledor para el desarrollo de la persona, del adolescente”, sostuvo al referirse a una eventual condena de esa extensión.

Frente a este escenario, la jueza insistió en la necesidad de que las familias conversen con sus hijos, conozcan qué hacen, qué piensan y con quiénes se relacionan.

También advirtió sobre la importancia de prestar atención a la influencia de los grupos y al uso de las redes sociales. Explicó que, si varios adolescentes participan de un hecho delictivo, la normativa contempla diferentes niveles de participación y responsabilidad para quienes hayan ayudado, facilitado o intervenido en el hecho.

Valdés pidió además dejar de lado el estereotipo del adolescente delincuente asociado necesariamente con la violencia, las armas o las adicciones. Señaló que esa imagen responde a situaciones que pueden observarse en grandes ciudades, mientras que la realidad de otras provincias presenta características sociodemográficas diferentes.

Para la jueza, el desafío será implementar el nuevo régimen teniendo en cuenta esa realidad y, especialmente, considerando que se trata de personas que todavía están en desarrollo.

Finalmente, Valdés cerró con un mensaje dirigido directamente a las familias: hablar con los hijos, escucharlos, conocer qué están haciendo y establecer límites a tiempo.

“No estamos buscando reemplazar a la familia”, sostuvo, al remarcar que la prevención y el acompañamiento familiar resultan fundamentales frente a las consecuencias que puede generar el ingreso de un adolescente al sistema penal juvenil.