Proyecto de reforma educativa: Marisa Díaz alerta por un “quiebre histórico” y un avance hacia la privatización del sistema

La profesora y asesora del Ministerio de Educación, Marisa Díaz, analizó en diálogo con Radio La Torre el segundo borrador del proyecto de reforma educativa que el Gobierno nacional enviará al Congreso bajo el nombre Ley de Libertad Educativa. Según explicó, el texto propone derogar la Ley Nacional de Educación, vigente desde hace casi dos décadas, e instalar “un modelo completamente distinto que altera la organización, el financiamiento y las responsabilidades del sistema escolar”.

Díaz señaló que el punto central de la reforma es el corrimiento del Estado Nacional, que pasa a ocupar un rol “subsidiario”, dejando en manos de las provincias y las familias aspectos clave del proceso educativo. “Se transforma la noción de educación obligatoria y se reemplaza por una educación ‘básica’ con contenidos mínimos y una fuerte libertad para que cada escuela arme su propio modelo”, analizó.

La especialista advirtió que esta flexibilización extrema abre un escenario claro: una profundización del camino hacia la privatización. Recordó que el Gobierno ya redujo drásticamente el financiamiento educativo, paralizando obras y restringiendo aportes federales a áreas puntuales como alfabetización. “Si el Estado se retira, alguien ocupa ese lugar: el mercado. Se habilita un negocio educativo donde cada familia debe resolver como pueda el aprendizaje de sus hijos”, sostuvo.

Incluso, mencionó que el proyecto permite la educación en el hogar mediante plataformas que ni siquiera tendrían que estar radicadas en Argentina, con acreditaciones posteriores a través de exámenes. “Eso deja al Estado sin herramientas para saber qué sucede en esos entornos y expone a los estudiantes a situaciones de vulnerabilidad”, alertó.

Otro punto crítico es el sistema de financiamiento a la demanda, donde aparecen los vouchers educativos. Para Díaz, esto elimina la garantía universal del derecho a la educación: “Hoy cualquier niño tiene su lugar asegurado en la escuela pública, con docentes, materiales y condiciones mínimas. Con este modelo dependerá de los recursos y posibilidades de cada familia”.

Además, cuestionó la reducción de la carga horaria y la autonomía absoluta de cada escuela para definir planes de estudio, lo que —explicó— generará brechas aún mayores entre provincias, instituciones y estudiantes. “La igualdad educativa pasará a ser una lotería. Dependerá del plantel docente, de los intereses de los padres y de la capacidad organizativa de cada escuela”, expresó.

Díaz también advirtió que el proyecto implica una precarización del sistema y atenta indirectamente contra el estatuto docente, ya que menciona nuevas formas de contratación y otorga a las familias facultades para intervenir en la designación de equipos directivos. “Nunca hubo en Argentina un nivel tan alto de injerencia familiar en las decisiones institucionales”, remarcó.

Sobre las motivaciones detrás de esta reforma, la asesora fue contundente: “Es una cuestión estrictamente ideológica. Se argumenta que hay decadencia, pero se propone un modelo que no resolverá los problemas de aprendizaje; por el contrario, agravará las desigualdades y significará un retroceso histórico”.

Finalmente, sostuvo que la educación argentina, pese a sus desafíos, tiene “un amplio recorrido en justicia social, equidad y regulación estatal que es referente en América Latina”, y que este proyecto “rompe con esa tradición y con la visión estratégica del rol de la educación en el desarrollo del país”.