
Noemí Casse sobre el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad: “El sistema está colapsado y las familias están desesperadas”
El reciente veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad generó indignación entre profesionales de la salud, prestadores, personas con discapacidad y sus familias
En diálogo con Radio La Torre, la fonoaudióloga Noemí Casse, con una extensa trayectoria en el abordaje terapéutico de personas con discapacidad, expresó su profunda preocupación sobre las consecuencias que traería el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
“Es un golpe muy duro. Esta ley no era un capricho: era una respuesta urgente ante la situación crítica que estamos viviendo. El sistema está colapsado. Hay profesionales que ya no pueden seguir trabajando por los atrasos en los pagos, y familias que no logran sostener los tratamientos de sus hijos.”
El reciente veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad generó una ola de indignación entre profesionales de la salud, prestadores, personas con discapacidad y sus familias. La norma, aprobada por amplia mayoría en el Congreso, tenía como objetivo declarar la emergencia del sistema de atención y prestaciones para personas con discapacidad, ante la grave crisis que atraviesa el sector. Sin embargo, el Ejecutivo decidió frenarla, argumentando cuestiones presupuestarias.
La ley vetada incluía medidas clave: regularización de pagos a prestadores, garantía de continuidad en tratamientos, cobertura integral de prestaciones y controles más estrictos sobre obras sociales y financiadores. Según especialistas, era una herramienta mínima e indispensable para evitar que miles de personas quedaran sin atención.
Noemí Casse lo explica con claridad: “La gente cree que la discapacidad es solo una cuestión de diagnóstico. Pero no: detrás hay un tratamiento constante, con equipos interdisciplinarios que trabajan todos los días. Si eso se corta, se retrocede años de evolución en cada paciente. Y eso es irreversible.”
Muchos profesionales trabajan sin certezas ni estabilidad económica, con honorarios congelados y cobrando con meses de demora. Casse enfatizó que la calidad de atención está en riesgo real, porque cada vez más terapeutas abandonan el sistema ante la falta de condiciones mínimas: “No se puede sostener una atención digna si te pagan cuatro meses después y lo que cobrás no alcanza ni para el alquiler del consultorio.”
Finalmente, indicó que las consecuencias ya son visibles: niños y adultos sin turnos disponibles, sesiones interrumpidas y un aumento de la angustia en las familias.

