Miles de pensiones en riesgo por la baja de pensiones por discapacidad: “Las cartas llegan tarde y ya hay beneficiarios sin cobertura”, advirtió el Dr. Goyochea
Se estima que unas 6.000 personas podrían perder no solo la pensión de $272.000, sino también la cobertura de PAMI.
Ante la creciente preocupación de los beneficiarios de pensiones por discapacidad, el Gobierno provincial decidió tomar cartas en el asunto. Según explicó el asesor legal designado por el Ejecutivo, Dr. Pedro Goyochea, se detectaron serias irregularidades en el proceso de control implementado por la Agencia Nacional de Discapacidad, lo que está generando la pérdida de este beneficio esencial para miles de riojanos.
“Las personas reciben cartas documento que los citan a controles médicos, pero los documentos llegan tarde y muchos no logran presentarse a tiempo. Otros viajan cientos de kilómetros a Chilecito o Capital, y cuando llegan, los médicos no pueden atenderlos porque Nación no ha cumplido con los pagos”, detalló Goyochea en diálogo con Radio La Torre.
A raíz de estos inconvenientes, ya se registraron casos de beneficiarios que descubrieron la baja de su pensión al intentar cobrarla en el banco. El monto actual asciende a $272.000, pero el mayor impacto está en la pérdida de la obra social PAMI, fundamental para el acceso a medicamentos y atención médica especializada.
El Gobernador Ricardo Quintela firmó el decreto N°819, que habilita a la Fiscalía de Estado y al Asesor General de Gobierno a brindar asesoramiento y acompañamiento a los afectados. Se calcula que el universo potencial de personas en riesgo alcanza las 6.000, distribuidas en toda la provincia.
Desde la Dirección de Discapacidad, ubicada en el Centro Administrativo Provincial, se canalizará la asistencia legal y técnica a quienes hayan recibido la notificación o ya se vean afectados por la baja. En los casos en que sea necesario, se iniciarán acciones judiciales para intentar revertir la pérdida del beneficio.
“Más allá del monto económico, lo que está en juego es la salud y el bienestar de personas que dependen de esta cobertura para sus tratamientos”, subrayó Goyochea.
La situación se produce en el marco de un proceso nacional de revisión y control de las pensiones por discapacidad, pero las demoras e irregularidades en su implementación están generando un fuerte impacto social.
