Maura Guzmán advirtió que los inquilinos riojanos vuelven a vivir con sus padres por la crisis de los alquileres

La presidenta del Colegio de Escribanos de La Rioja, Maura Guzmán, analizó en diálogo con Radio La Torre el impacto de la derogación de la Ley de Alquileres y advirtió que la desregulación actual profundizó la crisis habitacional.

“Estamos viendo que muchas familias no pueden afrontar los aumentos y terminan volviendo a la casa de sus padres o construyendo una pieza en el fondo para poder vivir”, señaló Guzmán.

Explicó que, tras el Decreto de Necesidad y Urgencia firmado en 2023 por el presidente Javier Milei, los contratos pasaron a firmarse en condiciones totalmente libres, lo que habilita plazos, monedas y actualizaciones sin límite. “Antes el Banco Central fijaba los índices de actualización, pero ahora se permiten aumentos trimestrales o bimestrales que desbordan los ingresos de las familias”, subrayó.

Como ejemplo, mencionó que un alquiler de $300.000 puede sufrir un incremento del 2,7% en un solo mes: “¿Qué hace una familia que cobra 600.000 pesos y debe destinar la mitad o más a pagar el alquiler? ¿Qué le queda para vivir?”, planteó.

La titular del Colegio de Escribanos advirtió que los contratos hoy incluso se pueden pactar en monedas digitales, lo que agrega incertidumbre a los inquilinos. “Es fundamental leer cada cláusula con atención, porque hasta las notificaciones pueden hacerse por WhatsApp, y hay propietarios que incluyen actualizaciones cada tres o seis meses”, explicó.

Además, criticó que la política nacional de ajuste “no puede ser a costa del ser humano”. Y remarcó que jubilados, personas con discapacidad y sectores vulnerables “ya no reciben la atención ni los beneficios básicos que antes les correspondían”.

Guzmán también describió las dificultades internas de su sector, donde la sobreoferta de escribanos en la provincia y los bajos honorarios mínimos generan “desjerarquización profesional”. Por eso pidió al gobierno provincial apoyo para impulsar programas habitacionales que permitan a los escribanos acceder a viviendas propias.

“Este es un problema que tenemos que abordar entre el Estado, las inmobiliarias y los escribanos para garantizar que haya un equilibrio justo entre propietarios e inquilinos”, concluyó.