Malvinas: el Gobierno amenazó con denunciar a empresas sospechadas de actividades petroleras ilegítimas
La Oficina del Presidente adelantó que las presentaciones también alcanzarán a directores, gerentes y representantes vinculados a esas actividades
El Gobierno informó este miércoles que se presentarán nuevas denuncias penales contra empresas que estarían desarrollando actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina, en violación de las prohibiciones dispuestas por la Ley N° 26.659.
Según precisó el comunicado, las denuncias "alcanzarán no sólo a nuevas empresas involucradas, sino que también individualizará a directores, gerentes, administradores, representantes y otras personas que han intervenido en decisiones vinculadas con dichas actividades".
La medida se enmarca en la ofensiva que lleva adelante el Gobierno respecto a Malvinas, la cual ya incluyó procedimientos contra más de 50 sujetos.
Ese avance, según se detalló, "derivará tanto en la ampliación de procesos judiciales preexistentes como la apertura de otros nuevos".
El texto oficial también remarcó que "el Estado Nacional sigue y seguirá avanzando en la implementación de aquellas acciones que permitan responsabilizar a todos aquellos que se encuentren violando nuestra soberanía nacional".
En esa línea, se aclaró que las medidas "no se limitarán a las personas jurídicas y alcanzarán a quienes, desde sus cargos y funciones, hayan intervenido en la realización de estos ilícitos".
Por último, el comunicado ratificó la postura del Gobierno frente al conflicto: "El Gobierno Nacional continuará utilizando todos los medios que tenga a su disposición para impedir que empresas o particulares desarrollen actividades que vulneren los derechos soberanos de la República Argentina y para sancionar a los responsables".
Los tres ejes del proyecto sobre Malvinas
La iniciativa impulsada por Javier Milei contempla tres ejes principales. El primero apunta a endurecer las penas establecidas en la Ley 26.659 para las empresas que operen sin autorización en el archipiélago y para sus proveedores. El proyecto también contempla la posibilidad de aplicar el juicio en ausencia cuando corresponda.
El segundo eje establece la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, que tendrá como objetivo coordinar las acciones de Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía.
El tercer punto plantea que el Congreso otorgue a ese organismo herramientas económicas y diplomáticas específicas para responder ante amenazas provenientes tanto de Estados como de actores no estatales.
