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La Rioja, la más castigada por el ajuste: perdió más de $3 millones por habitante en transferencias nacionales

Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal expone con crudeza el impacto del recorte de fondos nacionales sobre las provincias durante los primeros 26 meses de gestión de Javier Milei.

Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) expone con crudeza el impacto del recorte de fondos nacionales sobre las provincias durante los primeros 26 meses de gestión de Javier Milei. El dato central es contundente: el ajuste acumulado en transferencias -tanto automáticas como discrecionales- alcanza los US$18.000 millones, con efectos profundamente desiguales en el territorio. En ese mapa, La Rioja aparece como la provincia más perjudicada del país .

Un ajuste de magnitud histórica

Entre enero de 2024 y febrero de 2026, las provincias argentinas sufrieron una caída acumulada de $36 billones en transferencias nacionales (a valores constantes de febrero de 2026). De ese total:

El 57% corresponde a recortes en transferencias no automáticas (discrecionales).

El 43% restante se explica por la caída de las transferencias automáticas, vinculadas a la recaudación.

Mientras tanto, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) fue la única jurisdicción que incrementó sus recursos , favorecida por un fallo de la Corte Suprema que elevó su coeficiente de coparticipación.

La Rioja: el imp acto más severo del país

Si se analizan los datos en términos per cápita -una medida clave para evaluar el impacto real sobre la población-, La Rioja encabeza el ranking de pérdidas .

$3.086.000 por habitante es la caída acumulada total (sumando transferencias automáticas y no automáticas).

Solo en transferencias discrecionales, la provincia perdió $2.314.000 por habitante, también el peor registro del país.

Este dato no es menor: revela que el ajuste no solo fue profundo, sino que golpeó con especial dureza a la provincia.

En términos absolutos, La Rioja también figura entre las más afectadas:

Perdió $938.000 millones en transferencias no automáticas, ubicándose tercera detrás de Buenos Aires y Santa Fe.

Un modelo que castiga a las provincias

El informe permite observar un patrón claro: las provincias con menor desarrollo relativo y mayor dependencia de fondos nacionales son las que más sufren el ajuste , especialmente cuando se recortan las transferencias discrecionales.

Estas transferencias -a diferencia de la coparticipación- responden a decisiones políticas del Gobierno nacional. Su reducción, por lo tanto, no es neutra, sino que redefine el mapa de recursos y condiciona el funcionamiento de los estados provinciales.

En paralelo, la caída de las transferencias automáticas responde a una menor recaudación nacional, afectada por:

Reducciones impositivas (Ganancias, Bienes Personales).

Cambios en la administración tributaria (como la restitución de certificados de exclusión en IVA).

Sin embargo, el informe deja en claro que el componente discrecional del ajuste tuvo un peso determinante.

Desigualdad territorial y señales políticas

El contraste con CABA es uno de los puntos más sensibles del estudio. Mientras las 23 provincias registraron pérdidas, la capital del país:

Obtuvo un increm ento acumulado de $550.000 millones.

Registró una mejora de $286.000 por habitante.

Este dato refuerza las críticas sobre el sesgo en la distribución de recursos durante la actual gestión nacional , en un contexto donde las provincias enfrentan crecientes dificultades para sostener servicios básicos, obra pública y políticas sociales.

Un impacto estructural

Más allá de los números, el informe del IARAF pone en evidencia un cambio de fondo en la relación fiscal entre Nación y provincias. El ajuste no solo implica menos recursos, sino también :

Menor capacidad de planificación.

Mayor presión sobre las finanzas provinciales.

Profundización de las asimetrías regionales.

En ese escenario, La Rioja se convierte en el caso más extremo de un modelo de ajuste que, lejos de ser uniforme, castiga con mayor intensidad a los territorios más vulnerables.

La discusión ya no es solo económica, sino también política: cómo se distribuyen los recursos en un país federal y qué provincias quedan —literalmente— pagando el costo del ajuste.

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