La desregulación de Milei amenaza con destruir la banana en el NOA

La Nación derogó, sin consultar a las provincias ni a los productores, la norma que desde 1994 prohibía el ingreso de banana extranjera a las zonas productoras de Salta y Jujuy. La medida expone al norte argentino al mal de Panamá y a la Sigatoka negra, enfermedades que pueden inutilizar la tierra por más de tres décadas.

Los gobiernos de Salta y Jujuy y productores de ambas provincias cuestionaron la decisión del Gobierno nacional de eliminar normativa de protección sanitaria de la producción bananera en ambas provincias.

Con la firma del secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta, y en medio de sospechas sobre una presión directa del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el Gobierno nacional publicó el 20 de julio en el Boletín Oficial la resolución 114/2026, que derogó de un plumazo ocho normativas sanitarias vinculadas a distintas actividades agropecuarias. Entre ellas, la resolución 99/94, que desde hace más de 30 años prohibía el ingreso de bananas provenientes de países con plagas cuarentenarias a las provincias productoras de Salta y Jujuy.

La decisión, enmarcada en la Ley de Bases impulsada por el gobierno de Javier Milei y presentada bajo el paraguas de la “simplificación normativa” y la lucha contra las llamadas “leyes hojarasca”, encendió las alarmas en el norte argentino. Ni el gobierno de Salta, ni el de Jujuy, ni los propios productores fueron consultados antes de la firma.

El primero en salir fue el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, aliado de Milei en el Congreso. "Eso es una locura de algún funcionario nacional que desde un escritorio deroga de un plumazo con un decreto algo que viene protegiendo a la producción bananera a nivel fitosanitario“, disparó el mandatario en diálogo con radio Mitre.

Sáenz recordó que en Salta hay “3 mil hectáreas que producen bananas para todo el país” y advirtió sobre las consecuencias de un eventual ingreso de la Sigatoka negra, la enfermedad foliar que motivó originalmente la norma derogada. El mandatario advirtió que si esa plaga llega a la región, "la tierra se convierte en improductiva durante más de 30 años“.

Incluso apuntó contra la lógica desregulatoria de la Casa Rosada, al asegurar que “hay que defender a los productores y a la tierra”. Y reclamó que el Gobierno central consulte a las provincias antes de tomar decisiones de este tipo: “Hay que decirle a los que están en Buenos Aires que de una vez consulten. Esto fue una falta de respeto y un desconocimiento total de lo que es la Argentina y las necesidades que tiene la producción“, afirmó.

La resolución depende formalmente del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo, pero trascendió que la firma podría haber respondido a la presión del ministro Federico Sturzenegger, artífice del proceso de desregulación que ya lleva derogadas decenas de normas consideradas “obsoletas” por el Gobierno libertario, sin distinguir entre trámites burocráticos vetustos y leyes cuya vigencia es necesaria.

Una reunión que llega tarde

Tras el faltazo del Gobierno nacional a la hora de avisar sobre la medida, el Ministerio de Producción y Minería de Salta solicitó formalmente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación una reunión técnica para analizar el alcance de la resolución 114 y sus efectos sobre la actividad.

“El lunes pasado nos enteramos de una publicación en el Boletín Oficial de la Secretaría, donde se derogaban varias normas, entre ellas una norma sanita del año 94, que tenía una prohibición de ingreso de banana extranjera a las zonas donde se produce banana, es decir, a las provincias de Salta y de Jujuy. Esa norma se derogó y encendió las alarmas de los productores“, reconstruyó el secretario de Desarrollo Agropecuario de Salta, Diego Dorigato, sobre el momento en que se conoció la medida.

El funcionario detalló que la provincia pidió a la Nación que explicara “por qué se había hecho sin consultar a los productores”, y se coordinó para esta semana una reunión virtual entre la Secretaría de Agricultura, el SENASA, los gobiernos de Salta y Jujuy y los productores. “Queremos que todas las miradas estén representadas. Es fundamental escuchar a los productores, conocer la evaluación de los organismos técnicos y avanzar en un análisis responsable que permita aportar elementos objetivos para la toma de decisiones”, señaló.

Dorigato destacó que los productores "están muy preocupados" porque la “eliminación de esta barrera sanitaria lo que pone en riesgo es justamente la sanidad de nuestros cultivos de banana, que últimamente vienen creciendo". Según explicó, en este momento hay “mucha inversión de campos, en mayores hectáreas de plantación”, además de que “hay inversión en tecnología”, los empaques, los cables carriles para transportar los cachos de banana. Incluso un productor desarrolla un ensayo de banano bajo invernadero.

Pero el punto más grave que planteó Dorigato excede a la Sigatoka negra. "Hoy hay una enfermedad mucho más grave, que se conoce como el mal de Panamá, es un hongo que actualmente no tiene tratamiento fitosanitario, no tiene tratamiento con agroquímicos, con lo cual es muy peligroso y, además, tiene una resistencia en el suelo, una vida en el suelo de hasta 30 años“. Es decir, si el hongo ingresa, ”deberíamos destruir las plantaciones y esperar 30 años para volver a plantar“, advirtió.

El funcionario también apuntó contra el argumento con el que la Nación intenta despejar las dudas: la confianza en los controles sanitarios de origen. “Ellos se excusan en que los entes sanitarios, tanto de Argentina, el SENASA, como los de los países de donde se importa la banana, son lo suficientemente fuertes y realizan los controles necesarios para evitar el ingreso de cualquier enfermedad”. Sin embargo, "no hay explicaciones, no sabemos bien cómo va a ser, y además nos preocupa que los organismos de control se vienen reorganizando, se vienen ajustando, y nos preocupa que no tengan el suficiente personal o la suficiente fuerza como para hacer estos controles".

La preocupación se agudiza por la geografía de la frontera norte, con “una frontera muy permeable con Bolivia”, por donde “es muy fácil ingresar mercadería esquivándose los controles”. Por eso, insistió en que “hay que mejorar, intensificar los controles, sobre todo en las provincias de Salta y Jujuy”.

Jujuy también reclama

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, difundió un comunicado en el que expresó su preocupación por la situación de los productores bananeros de su provincia y de todo el NOA “tras la eliminación de normas que protegían sanitariamente a nuestras zonas productivas”. “No se trata de proteger mercados, sino de cuidar una actividad que genera trabajo, desarrollo y arraigo. Detrás de cada cosecha hay familias que durante años han luchado, invertido y trabajado con esfuerzo para sostener esta producción y hacerla crecer”, sostuvo.

“La falta de controles adecuados puede exponer a nuestra producción a enfermedades devastadoras y poner en riesgo décadas de trabajo“, señaló también Sadir. Dijo que por eso el gobierno de Jujuy acompaña “el pedido de los productores de revisar la Resolución 114/2026 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación”, y reclamó que “se garantice la protección sanitaria de las zonas productoras”. El mandatario cerró su comunicado con una definición política: “Desde Jujuy vamos a seguir defendiendo a quienes producen, generan empleo y sostienen el crecimiento de nuestra provincia”.

“Está matando a los productores”

Mientras el gobierno de Salta convocaba a una mesa de trabajo con productores y organismos técnicos, uno de los actores centrales del sector quedó fuera de esta convocatoria. Eliseo Rovetto, director de la FAA por Salta y Jujuy, no ocultó su malestar: "A mí no me llegó ninguna invitación ni comunicación como Federación Agraria Argentina. En esta provincia solo existe la Sociedad Rural. Y la Federación, al no tener una casa central en Salta, no estamos considerados para las reuniones", reprochó.

Rovetto fue el más crítico con el trasfondo político de la medida. “Como director de la Federación por Salta y Jujuy, veo con mucha preocupación la derogación de la norma y así, permitir el ingreso de la banana extranjera en nuestro territorio. Habíamos logrado que se suspendiera la medida tiempo atrás, pero a este Gobierno lo que menos le interesa es la economía regional, más aun sabiendo que se estaba expandiendo en la región la producción bananera. Esto va a terminar de liquidar nuestra producción“, sostuvo.

El dirigente detalló el impacto social de la medida sobre el entramado productivo del norte. Señaló que entre Salta y Jujuy hay centenares de productores pequeños y medianos distribuidos en localidades como El Bananal, Orán, Colonia Santa Rosa, San Martín y Ledesma, que sostienen miles de puestos de trabajo directos. "Está matando a los productores, no les interesamos“, afirmó, y adelantó que junto a otras instituciones y a los productores de Orán, que ya están “en alerta y movilización”, el sector "va a empezar a estar en la calle“. “No podemos competir con el exterior y vamos a hacer las diligencias necesarias para que no avance”, advirtió.

Rovetto también cuestionó al propio gobierno provincial, al que acusó de doble discurso: “Lo que pueda opinar el gobierno de Salta nos tiene sin cuidado porque después Sáenz va a Buenos Aires y vende todo. Lo que están haciendo con la entrega de tierras, minería, lo único que hacen es agrandar las grandes concentraciones".

Y también describió la situación de fragilidad económica que atraviesan los trabajadores del sector: "Hoy algunos productores bananeros apenas cobran 800 mil pesos mensuales, en el mejor de los casos, si encima esa miseria que cobran la deja de tener, se profundiza el desamparo que existe en el norte y todos conocemos".

“Nos afecta muchísimo”

Desde Colonia Santa Rosa, el productor bananero Fernando Ortiz coincidió en el diagnóstico y cuestionó la falta de consulta previa. “Nos parece totalmente descabellada la baja de la resolución tomada en el año 94, porque se basa principalmente en una situación fitosanitaria. Hay un hongo que en aquel momento se llamaba Sigatoka negra, que no hay acá en la región, y se tomó para que no ingrese ese hongo a los bananales de Salta y Jujuy".

Ortiz también alertó sobre el mal de Panamá. “Hace 4 años hay otra amenaza a nivel mundial que se llama Fusarium raza 4, mal de Panamá, y esa enfermedad es totalmente agresiva y devastadora, te deja un bananal diezmado en poco tiempo y, aparte, se inutilizan las tierras por 30 años, que es lo que perdura el hongo en el suelo". El productor remarcó que el sector ni siquiera había planteado ese riesgo porque se sentía protegido, pero que ahora "hayan tomado de un día para otro esa medida sin ningún tipo de consulta, sin consultar ni con el gobierno de Salta ni con los ministerios de producción, ni con gente idónea en el tema, eso nos afecta muchísimo".

Ortiz repasó además que la “producción bananera estos últimos 10 años viene bastante golpeada por cuestiones climáticas y por cuestiones de comercio internacional”. Contó que quienes importan banana a Argentina, provienen mayormente de Paraguay y Bolivia, teniendo “muchos menores costos que nosotros, por los cuales tienen ventaja competitiva”.

En ese sentido, aclaró que el sector no rechaza la apertura comercial en sí misma, sino la asimetría de condiciones: “Entendemos y estamos de acuerdo de que dentro del país tiene que haber libertad de comercio, de exportaciones, de importaciones, pero planteamos que sea en igualdad de condiciones. Nosotros no podemos competir porque los insumos, materias primas, mano de obra y cargas impositivas en los países que nos compiten son mucho menores a los que tenemos nosotros".

El productor recordó que atravesaron “3 años de las más grandes sequías de los últimos 50 años” y que Bolivia y Paraguay destinan el 95% de su producción a la exportación, con la Argentina como “prácticamente único mercado”, lo que ya generaba una presión de precios antes de esta resolución.

Sobre el impacto laboral de una eventual pérdida sanitaria, Ortiz aseguró que "la producción bananera emplea de forma directa en Salta y Jujuy a 5 o 6 mil familias, y de manera indirecta calculo que el doble, lo cual sería un impacto gravísimo“. Y cerró con un pedido al Estado provincial: “Que ejecute y que se presente al Gobierno nacional y dé las explicaciones concretas para que esta medida no siga o se revierta. Inclusive, de revertirse, debería revertirse con mayor fuerza a la que se hacía previo al levantamiento de esta medida”.

Los números del orgullo

La ironía de la situación es que, apenas cinco meses antes de que la Nación desregulara la protección sanitaria, el gobierno de Salta difundía con orgullo los números de un sector en pleno crecimiento. En febrero de este año el Ministerio de Producción y Minería presentaba a la provincia como “núcleo de la producción nacional de banana”, junto a Jujuy y Formosa.

Según esos datos, Salta aporta entre el 65 y el 70% del volumen nacional de banana y registra rendimientos un 10,6% superiores al promedio del país. Los departamentos Orán y San Martín concentran 2.784 hectáreas en producción, gestionadas por unos 60 productores, en un esquema que garantiza un puesto de trabajo directo por hectárea durante los doce meses del año.

El informe oficial destacaba que la región productiva "se encuentra libre de enfermedades cuarentenarias graves como la Sigatoka negra“, justamente la plaga que la norma ahora derogada por Nación ayudaba a mantener a raya, y subrayaba el diferencial logístico del sector: la banana salteña llega al mercado en poco más de 30 horas desde la cosecha, gracias a inversiones en cable carril, empaques y cámaras de maduración.

En aquel momento, la cartera de Producción celebraba el potencial del sector al afirmar que “Salta lidera la producción nacional de banana y demuestra que el norte argentino tiene capacidad real para impulsar un proceso sostenido de sustitución de importaciones”. El informe recordaba además que la banana es la fruta de mayor consumo en el país, con un promedio estimado de 12 kilos por habitante al año.

Una derogación entre ocho, sin distinción

La resolución 114/2026 derogó en un mismo acto ocho normas dictadas entre 1992 y 2013, bajo el argumento de que se trataba de disposiciones “obsoletas” o que habían “cumplido el objeto para el cual fueron dictadas”. El texto invoca la Ley de Bases y la política de “modernización del Estado” del gobierno de Javier Milei para justificar la “abrogación” masiva.

Sin embargo, la letra fina del considerando reconoce que una de las normas eliminadas —la 99/94, luego acotada por la resolución 262/2013 a las provincias de Salta y Jujuy— no regulaba un trámite administrativo en desuso, sino que “prohíbe el ingreso a la región del Noroeste Argentino (NOA) de bananas originarias de países con presencia de determinadas plagas cuarentenarias”. Es decir, una barrera sanitaria activa, con productores, inversiones y miles de familias dependiendo de su vigencia, equiparada en el mismo trámite de “simplificación normativa” a resoluciones sobre cuadernos fitosanitarios de manzana y pera o autorizaciones de importación de maquinaria agrícola usada, cuyo objeto sí estaba efectivamente agotado.

Esa es, precisamente, la crítica: no se cuestiona la depuración de normativa vieja, sino la decisión de meter en la misma bolsa una protección sanitaria necesaria, sin evaluación técnica previa, sin aviso ni consulta a las provincias y a quienes viven de la tierra en el norte argentino.

Mientras la reunión técnica prometida por la Nación todavía no tiene fecha confirmada, el reloj sanitario sigue corriendo para una de las economías regionales más dinámicas del NOA.