
La coparticipación y los fondos nacionales profundizan la presión sobre las provincias
La directora del CEPA, Alejandra Scarano, advirtió que la coparticipación viene cayendo y señaló que La Rioja depende en un 82,9% de recursos nacionales para financiar sus políticas públicas.
La directora del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Alejandra Scarano, analizó en Radio La Torre la situación de los recursos que reciben las provincias y advirtió por el retroceso de la coparticipación y de las transferencias nacionales.
Scarano explicó que el financiamiento provincial tiene como uno de sus principales componentes los recursos provenientes de Nación, principalmente a través de la coparticipación de impuestos y de las transferencias destinadas a programas de gastos corrientes y de capital.
Según el análisis del CEPA, la coparticipación de impuestos registra un retroceso sostenido, con una caída promedio cercana al 10%. La especialista remarcó la importancia de este recurso porque representa, en promedio, el 66% de los ingresos de las provincias.
En el caso particular de La Rioja, el peso de los fondos nacionales es todavía mayor. “En la provincia de La Rioja es el 82,9%”, señaló Scarano, al explicar que de cada 100 pesos disponibles para financiar políticas públicas provinciales, alrededor de 83 provienen del Gobierno nacional.
En contraste, los recursos propios de las provincias también vienen disminuyendo, aunque en menor proporción. Scarano indicó que la caída promedio ronda el 7%, mientras que en La Rioja esos recursos se mantienen estables, algo que consideró una buena noticia dentro del contexto actual.
La directora del CEPA también puso el foco en las responsabilidades que están asumiendo las provincias y los municipios frente al retiro del Gobierno nacional de determinadas áreas. Según planteó, los gobiernos subnacionales deben afrontar cada vez más obligaciones con una menor disponibilidad de recursos.
Scarano recordó que el actual régimen de coparticipación tiene su origen en una ley de la década de 1980 y que, tras la reforma constitucional de 1994, se estableció la necesidad de avanzar hacia una nueva legislación.
Sin embargo, explicó que durante las últimas tres décadas no se alcanzaron los consensos necesarios entre las provincias para modificar el sistema.
La especialista aclaró que la distribución no responde exclusivamente a la cantidad de habitantes de cada provincia y señaló que los parámetros actuales son complejos y no existe un criterio único basado en población.
“Argentina se debe una nueva ley de coparticipación”, sostuvo Scarano, quien consideró que uno de los principales desafíos para el próximo gobierno será establecer nuevos parámetros vinculados con las necesidades de cada provincia y avanzar hacia un desarrollo más equitativo.
Otro de los puntos destacados por Scarano fue la reducción de las transferencias nacionales destinadas a las provincias y municipios.
Según explicó, hasta 2023 las transferencias representaban aproximadamente el 5% de los recursos contemplados en el presupuesto nacional para financiar programas de gastos corrientes y de capital.
En los últimos dos años y medio, ese porcentaje se redujo aproximadamente a la mitad y, además, las transferencias pasaron a concentrarse en gastos corrientes, mientras que prácticamente desapareció el financiamiento nacional para gastos de capital.
Scarano vinculó esta situación con el retroceso de la obra pública y sostuvo que las provincias deben asumir responsabilidades que anteriormente estaban financiadas desde Nación.
La Rioja y los ATN
La directora del CEPA también se refirió a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), destinados a atender situaciones excepcionales y reforzar los presupuestos provinciales.
En ese sentido, aseguró que La Rioja se encuentra entre las provincias que no recibieron recursos por esta vía durante 2025 y 2026.
Scarano mencionó además diferencias en la distribución entre jurisdicciones. “Misiones es un claro ejemplo” de una provincia que recibió aportes del Tesoro, mientras que otras, como La Rioja, recibieron cero pesos.
Para la especialista, esta situación evidencia un trato diferencial en la distribución de los ATN y consideró que el motivo tendría “una explicación más política que económica”.
Incluso planteó una forma de analizar esa distribución: comparar cómo votan los senadores de las provincias que reciben ATN en las leyes consideradas clave para el Gobierno nacional.
Una economía dividida en dos
Sobre el cierre de la entrevista, Scarano planteó que la Argentina atraviesa una economía “dividida en dos”.
Según explicó, sectores como la minería, la energía, la intermediación financiera y el agro presentan crecimiento y benefician especialmente a las provincias que cuentan con esas actividades.
Sin embargo, señaló que esos sectores generan menos del 9% de los puestos de trabajo, mientras que industrias como la manufactura, el comercio y la construcción, que concentran más del 50% del empleo, atraviesan un escenario de retroceso.
Para Scarano, esta diferencia explica por qué las provincias que no cuentan con recursos mineros o energéticos enfrentan mayores dificultades.
La directora del CEPA sostuvo que cuando el Gobierno nacional afirma que la economía está creciendo, buena parte de ese resultado está explicado por sectores que generan relativamente pocos puestos de trabajo, mientras que las actividades con mayor incidencia en el empleo continúan atravesando dificultades.

