Graciela Aleñá: “El Gobierno nacional retiene $465 mil millones mientras las rutas se caen a pedazos”

La secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA), Graciela Aleñá, denunció en diálogo con Radio La Torre que el Gobierno Nacional mantiene retenidos más de 465 mil millones de pesos del impuesto al combustible, fondos que deberían destinarse al mantenimiento y reparación de las rutas nacionales.

Según explicó Aleñá, la denuncia penal por mal desempeño de funcionarios públicos fue presentada el año pasado, ya que los recursos permanecen inmovilizados “en una cuenta del fideicomiso, generando intereses”, mientras el estado de las rutas “es cada vez más grave”.

“Mensualmente se recaudan unos 50.000 millones de pesos del impuesto al combustible. Con eso podríamos al menos tapar baches y evitar tragedias viales”, señaló.

La dirigente gremial sostuvo que el Gobierno prefiere beneficiar a empresas privadas mediante supuestos “subsidios o créditos encubiertos”, mientras Vialidad Nacional queda desfinanciada. “A los privados les otorgan los tramos más rentables y encima los ayudan. Si esos fondos se destinaran a Vialidad, las obras podrían hacerse con transparencia y control estatal”, advirtió.

Aleñá también alertó que entre el 65% y el 70% de las rutas nacionales se encuentran en estado regular o malo, y que de continuar esta política “el año próximo la situación será crítica”.

“Hay puentes sin mantenimiento, equipos parados por falta de combustible y rutas intransitables. Todo mientras la plata está ahí, sin tocarse”, cuestionó.

La secretaria gremial además reveló que el sector lleva un año sin paritarias abiertas, pese a un fallo favorable del fiscal en la causa que busca reactivar las negociaciones salariales.

“No formamos parte del convenio general del Estado, pero no nos dieron ni los aumentos ni los bonos. Es otra gran mentira del Gobierno”, remarcó.

Sobre la causa judicial iniciada por la retención de fondos, Aleñá indicó que “no ha tenido avances”. “La justicia hace silencio frente a una ilegalidad evidente. Los fondos son específicos para mantenimiento, y deberían liberarse de inmediato”, concluyó.