Financiamiento universitario: la Corte Suprema revisará la cautelar contra el Gobierno
La Cámara concedió el recurso extraordinario del Estado para que decida el máximo tribunal. Sin embargo, rechazó los argumentos de “arbitrariedad” y “gravedad institucional”
La discusión por el financiamiento universitario, aprobado dos veces por el Congreso y todavía incumplido por el Ejecutivo nacional, sumó este jueves un nuevo capítulo judicial. Es que la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal concedió el recurso extraordinario presentado por el Gobierno contra el fallo que había confirmado la medida cautelar a favor del Consejo Interuniversitario Nacional en la causa por la Ley de Financiamiento Universitario.
De todas maneras, la resolución firmada este jueves 7 de mayo no resolvió el conflicto de fondo. Lo que hizo fue habilitar que el caso llegue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El Gobierno celebró la decisión mediante un comunicado del Ministerio de Capital Humano, donde volvió a insistir con el impacto fiscal de la ley y defendió el decreto 759/25, firmado para frenar su aplicación.
La pelea por los fondos universitarios sigue abierta
La causa tiene por un lado al Gobierno, y en frente al Consejo Interuniversitario Nacional y otras entidades universitarias. En el centro de la discusión está la Ley de Financiamiento Universitario y el reclamo de las universidades para que el Estado garantice los recursos necesarios para funcionar.
La Cámara recordó que el 31 de marzo ya había confirmado la cautelar dictada en primera instancia a favor de las universidades. Ahora, aceptó el recurso extraordinario presentado por el Estado para que la discusión continúe en la Corte Suprema.
Los jueces explicaron que correspondía conceder el recurso porque el caso involucra “normas de naturaleza federal” y porque la decisión anterior había sido contraria a los argumentos del Gobierno.
La Cámara rechazó los principales argumentos del Gobierno
Aunque habilitó la llegada del expediente a la Corte, el tribunal también cuestionó parte de la apelación presentada por el Ejecutivo.
Sobre la acusación de “arbitrariedad” contra el fallo previo, la Cámara sostuvo que los cuestionamientos oficiales “sólo traducen una mera discrepancia con las cuestiones resueltas” y defendió la resolución anterior como un fallo “suficientemente fundado”.
También rechazó el planteo de “gravedad institucional” impulsado por el Gobierno.
En uno de los párrafos más duros de la resolución, los camaristas señalaron que la eventual intervención de la Corte Suprema “no tiene por objeto satisfacer o reparar un interés institucional” del Estado nacional, sino que apunta a “un simple interés patrimonial de carácter individual”.
Tras conocerse el fallo, el Ministerio de Capital Humano difundió un comunicado donde afirmó que aplicar plenamente la ley universitaria “comprometería el equilibrio de las cuentas públicas”. Además, el Gobierno recordó que el decreto 759/25 suspendió la ejecución de la norma hasta que el Congreso defina las fuentes de financiamiento.
