Endeudamiento: Quintela creó por DNU un régimen de protección para usuarios de créditos

El gobernador Ricardo Quintela firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) mediante el cual creó un régimen de protección integral para usuarios de créditos destinados al consumo familiar, con el objetivo de brindar herramientas frente a situaciones de endeudamiento elevado y prácticas financieras consideradas abusivas.

La medida fue comunicada por el mandatario a través de sus redes sociales y posteriormente ingresó a la sesión de la Cámara de Diputados de La Rioja para su tratamiento y ratificación. El oficialismo acompañó la iniciativa y aprobó el decreto durante la sesión de este jueves.

Al explicar los fundamentos de la decisión, Quintela sostuvo que existe una situación creciente de familias y trabajadores que dejaron de recurrir al crédito como una herramienta para progresar y comenzaron a utilizarlo para afrontar otras deudas. “Muchas familias, muchos trabajadores, ya no recurren al crédito para progresar, para crecer, para desarrollarse, para mejorar su calidad de vida. Hoy muchas veces se endeudan para pagar deudas”, señaló el gobernador.

En ese sentido, diferenció el acceso al financiamiento como una herramienta para mejorar las condiciones de vida del uso del crédito en contextos de necesidad extrema. Según planteó, el problema aparece cuando las tasas, refinanciaciones y mecanismos de financiamiento terminan absorbiendo una parte cada vez mayor de los ingresos de los hogares.

“Una cosa es el crédito como herramienta para crecer, para desarrollarse, para mejorar su calidad de vida, mejorar su vivienda o su medio de movilidad, y otra muy distinta es que la necesidad de nuestra gente se transforme en un uso abusivo y un negocio financiero con tasa desmedida”, sostuvo.

El objetivo: evitar situaciones de abuso

Quintela afirmó que el Estado provincial debe intervenir ante situaciones de vulnerabilidad económica y establecer límites para evitar que las familias queden atrapadas en ciclos de endeudamiento difíciles de revertir. “Frente a eso, nosotros tenemos una responsabilidad: poner límites, ordenar y proteger a quien se encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad”, expresó.

El gobernador aclaró además que el nuevo régimen no pretende impedir el acceso al crédito ni modificar los contratos originales, sino generar un marco de protección que permita a las partes contar con un plazo prudencial para alcanzar acuerdos sin que los deudores enfrenten de manera inmediata la pérdida de sus bienes.

“Este decreto no busca impedir el crédito, todo lo contrario, lo que busca es evitar el abuso”, afirmó Quintela, quien cuestionó particularmente las situaciones en las que la necesidad económica de una familia es utilizada para obtener una rentabilidad que calificó como “desmedida, abusiva y usurera”.

Una medida de carácter provisorio

De acuerdo con lo expresado por el mandatario, el régimen tendrá carácter provisorio y estará vigente mientras persista la situación de “extrema gravedad” que atraviesan numerosas familias riojanas.

Quintela vinculó esta medida con la reciente decisión de la Provincia de suspender las ejecuciones prendarias sobre determinados bienes familiares, también por un período limitado, como parte de una estrategia destinada a evitar que el sobreendeudamiento derive en la pérdida de bienes esenciales.

El gobernador remarcó que la intención es generar condiciones para que los receptores y otorgadores de créditos puedan alcanzar acuerdos sin la presión inmediata de ejecuciones o de la posibilidad de perder bienes. “Les otorgan un plazo prudencial a los receptores de los créditos y a los otorgadores del mismo, para que puedan acordar sin la presión y sin la amenaza constante y sistemática de perder sus bienes”, explicó.

Con la aprobación legislativa del DNU, el Gobierno provincial busca avanzar así en un esquema de protección para consumidores de crédito que atraviesan situaciones de sobreendeudamiento, en un contexto en el que el acceso al financiamiento se convirtió, según el diagnóstico planteado por la Provincia, en una herramienta utilizada cada vez más para cubrir gastos y obligaciones previamente contraídas.