Detienen al dueño de departamentos en La Rioja acusado de grabar a estudiantes con cámaras ocultas

La Justicia de La Rioja dispuso la detención del dueño de un complejo de departamentos luego de que al menos tres jóvenes denunciaron que el propietario había instalado cámaras ocultas en las unidades que alquilaba, según informaron fuentes oficiales. Las víctimas, todas estudiantes, realizaron la presentación en la Comisaría Séptima, lo que motivó la intervención del Ministerio Público Fiscal ante la gravedad de la situación.

Según consta en la denuncia, el sujeto colocó dispositivos de grabación en los tragaluces de varios departamentos, lo que habría permitido la obtención de filmaciones sobre los movimientos de las inquilinas sin su consentimiento. A raíz de ello, la fiscal Nadia Schargrodsky solicitó a la jueza Gisela Flamini el avocamiento de la causa y la detención del acusado por el delito de violación de domicilio en múltiples hechos, en concurso real.

Además de la detención, la fiscalía solicitó diversas medidas cautelares, entre ellas la prohibición de acercamiento del imputado a los lugares de residencia y trabajo de las víctimas, así como la prohibición de comunicarse o mantener cualquier tipo de contacto. También requirió el cese de actos de perturbación e intimidación, tanto presencial como digital. El objetivo de estas medidas es preservar la integridad moral, pública y privada de las jóvenes afectadas.

En sus argumentos, la fiscal sostuvo que las conductas atribuidas al acusado “implican una agresión en un contexto de violencia de género” y requieren atención urgente por parte del Estado, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales.

El hombre ya se encuentra detenido y la investigación continúa para determinar el contenido de los videos secuestrados y la responsabilidad que le cabe en cada caso. Hasta el momento, el material incautado se encuentra bajo análisis pericial, lo cual será clave para definir la calificación legal de los hechos y las acusaciones concretas que se formularán en el proceso.

La causa generó impacto en la comunidad local debido a la naturaleza del hecho y el supuesto “estado de vulnerabilidad” en que se encontraban las denunciantes, lo que motivó el rápido impulso de medidas judiciales por parte del Ministerio Público Fiscal.