Delfor Brizuela advirtió que el proyecto de Soberanía Nacional “pone en vilo la democracia” y limita derechos

El secretario de Derechos Humanos de La Rioja, Delfor Brizuela, cuestionó el proyecto de Ley de Soberanía Nacional impulsado a nivel nacional, que propone crear un Consejo de Seguridad Nacional bajo la órbita del Poder Ejecutivo. En diálogo con Radio La Torre, advirtió que la iniciativa contiene disposiciones que podrían afectar garantías constitucionales y abrir la puerta a restricciones sobre derechos fundamentales.

Brizuela diferenció dos aspectos del proyecto: por un lado, las medidas vinculadas con la protección y fiscalización de los recursos naturales, especialmente los relacionados con la pesca, los hidrocarburos y los territorios insulares; por otro, una serie de modificaciones legales que consideró preocupantes para el funcionamiento democrático.

“Primero que es una ley ómnibus, que siempre son unas leyes ómnibus cuestionables”, sostuvo el funcionario, al señalar que el texto contiene ambigüedades, imprecisiones y definiciones demasiado amplias.

Uno de los principales cuestionamientos de Brizuela está relacionado con la incorporación de conductas que, según su interpretación, podrían encuadrarse dentro de un concepto amplio de terrorismo. Advirtió que esa falta de precisión podría generar riesgos para actividades legítimas, como la protesta social, la libertad de expresión y el trabajo periodístico.

El funcionario explicó que la iniciativa modifica normas centrales del sistema democrático, entre ellas las leyes de Defensa Nacional, Seguridad Interior e Inteligencia, además de la legislación electoral y el Código Penal.

“Hay muchos puntos que, en su amplitud, violan un principio del derecho, que es la legalidad”, afirmó. En ese sentido, remarcó que las conductas sancionadas deben estar definidas con precisión para evitar interpretaciones discrecionales.

Brizuela alertó que las categorías imprecisas podrían utilizarse para perseguir a organizaciones sociales, personas con opiniones diferentes o entidades que reciben asistencia internacional.

También cuestionó las referencias a una posible manipulación mediática, al considerar que una interpretación amplia de ese concepto podría afectar el ejercicio del periodismo y la libertad de prensa. “Si manipulación es tener una opinión y oponerla para disuadir o para convencer, bueno, entonces no podemos opinar, no puede haber periodismo”, expresó.

Otro de los puntos señalados por el secretario provincial es la concentración de facultades en el Poder Ejecutivo Nacional. Según explicó, el proyecto modificaría los mecanismos de participación y control previstos en las normas vigentes para las áreas de defensa, seguridad e inteligencia.

Brizuela sostuvo que los esquemas actuales contemplan la intervención de distintos sectores institucionales y políticos, con representación del oficialismo, la oposición, las provincias y organizaciones de la sociedad.

En cambio, advirtió que la nueva estructura concentraría decisiones en el presidente y habilitaría actuaciones bajo secreto, con mecanismos de control judicial que, según su análisis, operarían después de determinadas resoluciones del Ejecutivo.

Para el funcionario, ese esquema podría debilitar garantías como la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho de defensa. “Borra de un plumazo la presunción de inocencia, el debido proceso”, afirmó al referirse a los riesgos que observa en la iniciativa.

Brizuela vinculó sus cuestionamientos con experiencias de la historia argentina en las que conceptos amplios de seguridad y amenazas internas fueron utilizados para justificar persecuciones políticas y restricciones de derechos.

En ese marco, mencionó antecedentes de gobiernos anteriores y de la última dictadura cívico-militar, al sostener que los riesgos señalados no responden únicamente a una hipótesis teórica. “Son cuestiones muy graves que van a constituir de nuevo un Estado terrorista y no un Estado democrático”, expresó, al cuestionar las posibles consecuencias del proyecto.

El secretario consideró que la iniciativa pone en discusión principios centrales del Estado de Derecho y el respeto por los derechos humanos reconocidos en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales suscriptos por la Argentina.

A pesar de sus críticas, Brizuela reconoció que el apartado relacionado con la protección de los recursos naturales contiene aspectos que considera importantes, particularmente en materia pesquera e hidrocarburífera.

Sin embargo, sostuvo que la discusión sobre soberanía nacional debería separarse de las modificaciones referidas a seguridad, inteligencia y legislación penal. “La ley de soberanía, por un lado, es el primer capítulo donde hay puntos importantes, otros que pueden ser cuestionables, pero creo que una ley de soberanía además tiene que tener el apoyo unánime, porque la causa de la soberanía es una causa nacional”, señaló.

En contraposición, consideró innecesaria la segunda parte de la iniciativa y defendió la vigencia de los mecanismos democráticos de control establecidos en las leyes actuales.

Finalmente, Brizuela remarcó que el proyecto todavía se encuentra en etapa de discusión y manifestó su rechazo a la posibilidad de aprobarlo en su redacción actual. Su postura es que las disposiciones vinculadas con seguridad e inteligencia deben analizarse por separado y con especial atención a las garantías constitucionales y los estándares internacionales de derechos humanos.