Crisis en la Justicia de Santa Cruz: la Corte se dividió y anuló el aumento millonario para jueces
Daniel Mariani ordenó frenar el incremento del 42% para los magistrados. Firmó como presidente del Tribunal Superior de Justicia, luego que otra facción lo había aprobado
El Poder Judicial de Santa Cruz enfrenta una nueva escalada en su crisis interna. Después de que un sector del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) definió un aumento salarial de más de $20 millones para los miembros de ese organismo, el juez Daniel Mariani —que firmó como presidente de la Corte— ordenó frenar el incremento.
La resolución de Mariani, notificada formalmente este miércoles, instruyó a la Administración General judicial a no liquidar el incremento del 42% dispuesto por cuatro miembros de la Corte provincial. Según el propio Mariani, esta medida carece de legitimidad porque “se tomó sin contar con la mayoría mínima del cuerpo” y, por tanto, resulta “inexistente y carente de toda validez”.
La disputa salarial agudizó una fractura institucional que comenzó en agosto, cuando la Legislatura provincial amplió de cinco a nueve los miembros del máximo tribunal. Desde entonces, los cuatro jueces antiguos, alineados con el kirchnerismo, se niegan a reconocer a los nuevos integrantes propuestos por el gobernador Claudio Vidal.
En medio de ese quiebre institucional, Mariani rechazó la última medida y señaló que “el aumento fue firmado por un órgano que no está debidamente integrado ni cuenta con la mayoría prevista en la ley orgánica de la justicia y la Ley 3949”.
El conflicto pone en riesgo al funcionamiento judicial, hasta que se le encuentre una solución a la interna de los sectores enfrentados, que se acusan mutuamente de usurpar facultades.
El aumento impugnado, que preveía subas escalonadas del 4% mensual acumulativo entre enero y julio de 2026 y del 3% mensual entre agosto y octubre, habría llevado los haberes de algunos magistrados hasta 24 millones de pesos. Esta cifra generó un abierto repudio desde Ejecutivo provincial. El gobernador Vidal denunció que los jueces “están atrincherados en sus privilegios” y que han sido “cómplices del saqueo” durante tres décadas.
La resolución que otorgaba el aumento fue rubricada solo por Reneé Fernández, Paula Ludueña, Alicia Mercau y Fernando Basanta, es decir, apenas cuatro de los nueve vocales que deberían conformar el pleno del Tribunal Superior. El problema constitucional radica en que esa misma facción impugnó y desconoció la reforma judicial del gobernador. El grupo, que encabeza como su presidenta Fernández, sigue controlando los resortes del aparato judicial.
