Crece el reclamo por la promulgación de la Ley de Emergencia en Discapacidad

A días de que venza el plazo legal para su promulgación, organizaciones, familias, profesionales y legisladores redoblan la presión al Poder Ejecutivo para que la Ley de Emergencia en Discapacidad sea oficializada. El 4 de agosto es la fecha límite para que la norma, sancionada por el Congreso con amplio respaldo, entre en vigencia. En diálogo con Radio La Torre, el diputado nacional Daniel Arroyo (UxP) pidió con firmeza al presidente Javier Milei que promulgue la ley: "Estamos hablando de personas que no pueden esperar. Esto es una necesidad inmediata."

La ley fue aprobada con un consenso notable en ambas cámaras del Congreso, y declara la emergencia pública en materia de discapacidad por el término de un año, prorrogable por otro más. Establece la prioridad en la asignación de recursos para garantizar prestaciones, medicamentos, transporte, cuidadores y centros de atención, entre otros puntos críticos que hoy enfrentan un fuerte deterioro.

"La situación que vive el colectivo de personas con discapacidad es de total abandono. Es alarmante que se demore una medida que apunta justamente a reparar derechos vulnerados", sostuvo Arroyo, quien participó activamente en la redacción del proyecto.

Durante la entrevista, el diputado también expresó su preocupación por las recientes auditorías a las pensiones por discapacidad impulsadas por el Gobierno nacional, que están generando recortes y suspensiones sin justificación clara. "Lo que están haciendo con las pensiones es tremendo. Están dejando a personas sin ingresos sin previo aviso, bajo un criterio arbitrario. No hay revisión con enfoque de derechos, hay castigo y ajuste", afirmó.

Además, advirtió sobre la posibilidad de que el presidente veta la ley, lo que implicaría un grave retroceso en materia de derechos: "Si el presidente decide vetarla, estará desoyendo a miles de familias y a una decisión del Congreso casi unánime. El veto sería un mensaje político muy duro: significaría que el Estado no reconoce la emergencia que viven las personas con discapacidad."

Un veto presidencial devolvería la norma al Congreso, donde solo podría revertirse con una mayoría agravada (dos tercios de ambas cámaras), algo difícil de alcanzar en el contexto actual. Por eso, legisladores y organizaciones insisten en que la promulgación inmediata es el único camino institucional posible si se pretende respetar el consenso democrático.

El proyecto fue impulsado por organizaciones de la sociedad civil y acompañado por legisladores de distintos bloques, logrando algo poco común en el actual clima político: unidad en defensa de un sector históricamente postergado.

"No se trata de una cuestión ideológica. Se trata de empatía. Esta ley fue votada casi por unanimidad. La sociedad ya dio su mensaje, ahora el Ejecutivo tiene que actuar", remarcó Arroyo.

Desde la Red Federal por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) y otras agrupaciones del país, ya se anunciaron acciones para los próximos días, incluyendo concentraciones y campañas en redes sociales bajo el lema #PromulguenLaLey.

Finalmente, el diputado Arroyo alertó sobre una posible judicialización del conflicto, en caso de que el Ejecutivo no avance con la promulgación: "el gobierno ha hecho del Poder Judicial un campo de disputa. Si deciden frenar esta ley, sabemos que vendrá una batalla legal. Pero mientras se litiga, hay personas que pierden calidad de vida cada día. No se puede judicializar la discapacidad."

El 4 de agosto no es solo una fecha límite administrativa: es un plazo ético. El país entero está mirando si el Estado decide proteger a los más vulnerables o continuar profundizando el ajuste. Porque, como concluyó Arroyo: "No hay más tiempo que perder”.