Caso Zóe: El 7 de mayo se dará a conocer la sentencia
Su madre y un pastor evangélico enfrentan el pedido de prisión perpetua.
A casi tres años del crimen que sacudió a la provincia, el próximo miércoles 7 de mayo se conocerá la sentencia por el asesinato de Zóe Rodríguez, una niña de tan solo cuatro años que murió en circunstancias aberrantes. Jimena Córdoba, su madre, y el pastor Andrés Bustamante están acusados de homicidio agravado, y tanto la querella como la fiscalía solicitaron prisión perpetua para ambos.
En una entrevista con Radio La Torre, Marcela López, abogada querellante en representación de la familia paterna de la menor, detalló las pruebas contundentes del expediente: "Zóe fue quemada con vida, había aspirado humo negro, tenía múltiples golpes, fracturas y una herida fatal en la cabeza. Todo está probado".
Más allá del horror de los hechos, el caso expone graves fallas institucionales. Zóe vivía en Chilecito con su familia paterna, en un entorno sano. Sin embargo, fue restituida a su madre —quien tenía antecedentes de consumo problemático— sin controles ni seguimiento por parte del Estado. “El expediente de restitución desapareció y nadie fue notificado en La Rioja de que la niña estaría bajo la guarda de su madre”, denunció López.
La letrada también señaló la relación de dependencia emocional y económica entre la madre y el pastor: “Él le proveía alimento, vivienda y dinero, hacía todo lo que ella le decía. El día de la muerte, incluso, fue quien llevó la comida para Zoe”.
El caso ha reabierto el debate sobre el rol del Estado en la protección de las infancias. “La escuela debe ser un actor clave. Pero no hay equipos de seguimiento psicológico interdisciplinario en la provincia. Y sin seguimiento, no hay prevención”, lamentó López.
Finalmente, la abogada confirmó que se inició una denuncia penal contra las autoridades que intervinieron en la restitución de la niña. “El abuelo de Zóe luchó incansablemente por justicia, pero el sistema lo ignoró”, afirmó.
La sentencia se conocerá el miércoles a las 12 horas, y marcará un precedente judicial y social en La Rioja. Mientras tanto, el caso de Zóe —como tantos otros— exige respuestas urgentes de una estructura estatal que, por omisión o negligencia, no supo o no quiso protegerla.
