Cámaras ocultas en departamentos: la fiscalía detalló por qué Aguilar seguirá detenido y advirtió que podrían surgir nuevos delitos

La fiscal Nadia Schargrodsky, del Ministerio Público Fiscal, brindó precisiones clave sobre la causa que investiga la presunta instalación de cámaras ocultas en departamentos alquilados por estudiantes, un hecho de extrema gravedad que derivó en la detención de Aguilar, propietario de los inmuebles involucrados.

Según explicó la funcionaria en diálogo con Radio La Torre, desde el momento en que la Fiscalía tomó conocimiento de la denuncia, se decidió asumir de manera directa la investigación y avanzar con imputaciones iniciales por el delito de violación de domicilio, en tres hechos en concurso real, correspondientes a tres unidades habitacionales diferentes.

Schargrodsky detalló que, con los primeros elementos probatorios reunidos por la fiscal interviniente, se solicitó la detención del acusado, la cual se concretó el viernes al mediodía, tras una investigación llevada adelante en coordinación con el Juzgado de Instrucción de Violencia de Género.

En cuanto al material secuestrado, la fiscal confirmó que se incautó una gran cantidad de dispositivos y registros audiovisuales, los cuales fueron preservados respetando estrictamente la cadena de custodia. Indicó que ya se ordenó la realización de pericias técnicas, cuyos resultados serán determinantes para definir si corresponde ampliar la imputación, modificar la calificación legal o incluso incorporar nuevos delitos y posibles implicados.

“En una sola de las cámaras tenemos más de 4.000 videos secuestrados”, reveló Schargrodsky, remarcando la complejidad y el volumen del material que deberá ser analizado, lo que inevitablemente demandará tiempo.

Respecto de las víctimas, la fiscal subrayó que desde el primer momento se activó el protocolo de violencia de género, brindándoles contención integral a través de la unidad especializada, con intervención de psicólogos, trabajadores sociales y médicos. Además, se dispusieron medidas cautelares contra el imputado y se garantizó a las jóvenes un canal de contacto directo y permanente con el equipo profesional.

Schargrodsky aclaró que, si bien actualmente la imputación es por violación de domicilio, la causa fue encuadrada como violencia de género, debido a la relación asimétrica de poder existente entre el acusado y las víctimas, lo que amplía el abanico de herramientas probatorias disponibles para la Fiscalía.

Finalmente, la fiscal explicó por qué considera imprescindible que el acusado continúe detenido: evitar riesgos procesales como ocultamiento de pruebas, intimidación de testigos o entorpecimiento de la investigación. También aclaró que, aunque se trate de delitos cuya pena podría permitir una eventual excarcelación, esa decisión no es automática y debe evaluarse en función del riesgo para las víctimas y del proceso judicial.

“La investigación recién comienza y no sabemos con qué nos vamos a encontrar cuando se analice todo el material”, concluyó, dejando abierta la posibilidad de nuevas imputaciones a medida que avance la causa.