Allanaron cuatro domicilios por una investigación de usura y amenazas

La Policía de la Provincia realizó cuatro nuevos allanamientos en la ciudad Capital en el marco de una investigación por usura y amenazas, procedimiento que derivó en la detención de cuatro personas y en el secuestro de distintos elementos que podrían aportar pruebas sobre una presunta actividad de préstamos ilegales.

Así lo explicó el ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Miguel Zárate, durante una entrevista con Radio La Torre, donde detalló que la investigación comenzó a partir de denuncias de ciudadanos que manifestaron ser víctimas de préstamos con intereses abusivos, amenazas y retención de bienes.

Según explicó el funcionario, las actuaciones fueron llevadas adelante por la División de Delitos Económicos de la Policía de la Provincia, en articulación con el Juzgado de Instrucción Penal N° 2 de Capital.

Durante los procedimientos se secuestró dinero en efectivo, una numerosa cantidad de pagarés firmados en blanco, registros y documentación, además de bienes muebles y electrodomésticos que podrían estar relacionados con personas damnificadas.

Zárate señaló que quienes hayan sufrido situaciones similares podrán presentarse ante la División de Delitos Económicos para ampliar las denuncias y reclamar aquellos bienes que pudieran encontrarse entre los elementos secuestrados.

Préstamos “gota a gota” y tasas abusivas
El ministro explicó que una de las modalidades investigadas es la conocida como “gota a gota”, mediante la cual se otorgan préstamos que luego deben ser devueltos diariamente, con intereses que pueden alcanzar niveles exorbitantes.

Como ejemplo, mencionó el caso de un denunciante al que le habrían prestado $200.000, pero que debía devolver cerca de $600.000 en apenas 30 días.

Para Zárate, este tipo de operatoria configura claramente una situación de usura, pero advirtió que el problema no se limita a los intereses abusivos. En algunos casos, quienes otorgan estos préstamos también retienen documentación o bienes y recurren a amenazas para garantizar el cobro de las cuotas.

El funcionario sostuvo que las personas que se atrasan en los pagos pueden ser amenazadas contra su integridad física, su vida o incluso con ataques contra sus domicilios.

Uno de los elementos que llamó la atención durante los allanamientos fue la cantidad de pagarés firmados en blanco encontrados en uno de los domicilios. Zárate explicó que las organizaciones dedicadas a este tipo de préstamos pueden utilizar distintas modalidades para asegurarse el cobro. Entre ellas mencionó la retención de tarjetas, bienes, escrituras y documentación de vehículos.

También recordó un procedimiento anterior en el que se habían encontrado más de 100 tarjetas de deudas en poder de un prestamista.

Según describió, estas prácticas pueden llegar incluso a involucrar operaciones mediante las cuales las víctimas entregan como garantía documentación vinculada con vehículos o inmuebles.

El caso de un préstamo de $5 millones y una propiedad valuada en dólares
Durante la entrevista, Zárate relató otro caso que calificó como “gravísimo”. Según su explicación, un prestamista habría entregado alrededor de $5 millones a una persona y, como garantía, le hizo firmar un boleto de compraventa de un inmueble por un valor de 80.000 dólares. Además, la devolución del préstamo se habría pactado en cinco cuotas de 5.000 dólares cada una.

El ministro sostuvo que, ante la imposibilidad de afrontar los pagos, el prestamista habría intentado ejecutar el contrato de compraventa del inmueble y avanzar sobre la propiedad mediante presentaciones ante organismos y la Justicia.

Para Zárate, este tipo de mecanismos muestran cómo determinados prestamistas pueden aprovechar situaciones de desesperación económica para obtener bienes cuyo valor resulta muy superior al dinero originalmente entregado.

Uno de los puntos centrales de las declaraciones del ministro fue su cuestionamiento al criterio con el que, según afirmó, anteriormente se abordaban algunas denuncias por usura.

Zárate sostuvo que durante mucho tiempo determinados casos eran archivados bajo el argumento de que se trataba de una relación civil entre particulares, especialmente cuando existían contratos, pagarés o boletos de compraventa.

A su entender, esa interpretación terminaba colocando a las víctimas en una situación de mayor vulnerabilidad.

El funcionario afirmó que actualmente se está produciendo un cambio de criterio en algunos sectores de la Justicia, que permitiría analizar estas situaciones desde otra perspectiva y avanzar en investigaciones penales cuando existen elementos que permiten advertir la posible comisión de delitos. “Hay verdaderas organizaciones vinculadas a la usura”, sostuvo Zárate, al señalar que algunas estructuras pueden involucrar a diferentes actores y aprovechar mecanismos formalmente legales para desarrollar operaciones que, según su interpretación, terminan siendo utilizadas con fines delictivos.

Dos armas de fuego y más de $30 millones secuestrados
Durante los allanamientos también fueron secuestradas dos armas de fuego, además del dinero y la documentación mencionada.

Zárate aclaró que las personas detenidas no registraban antecedentes vinculados específicamente con esta actividad, una situación que vinculó con la histórica falta de denuncias por parte de las víctimas.

El ministro consideró que existe actualmente una mayor predisposición a denunciar porque las personas afectadas comienzan a percibir una decisión del Estado de intervenir y brindarles protección.

Respecto del dinero secuestrado, explicó que queda a disposición de la Justicia, que deberá determinar posteriormente qué destino corresponde darle, al igual que resolver la situación procesal de las personas detenidas.

Zárate remarcó que desde el Gobierno provincial se busca que quienes fueron víctimas puedan recuperar sus bienes, liberarse de deudas abusivas y evitar que quienes desarrollan estas actividades continúen operando. “Fundamentalmente les vamos a pedir que se tomen todas las medidas que correspondan o necesarias para proteger a las víctimas”, sostuvo.

En ese sentido, insistió en que la intervención policial constituye una primera etapa y que luego corresponde a la Justicia determinar las medidas procesales y patrimoniales que correspondan.

El ministro también señaló que la Provincia continuará colaborando con las autoridades judiciales en las investigaciones vinculadas con este tipo de delitos.

Dónde denunciar casos de usura
Según indicó Zárate, las personas que consideren que son víctimas de préstamos ilegales, amenazas o situaciones similares pueden acudir a la División de Delitos Económicos, ubicada en la Dirección de Investigaciones, en el denominado Hospital Viejo.

También pueden concurrir a una comisaría, desde donde se las pondrá en contacto con personal especializado.

El funcionario remarcó además que el Ministerio Público Fiscal constituye otro canal para realizar denuncias vinculadas con posibles delitos.

La investigación permanece bajo intervención de la Justicia, que deberá avanzar sobre los elementos secuestrados y determinar las responsabilidades que correspondan.