Alfredo Menem cuestionó el régimen penal juvenil: “Quieren nuevamente criminalizar a nuestros jóvenes”

El ministro de Desarrollo, Igualdad e Integración Social, Alfredo Menem, cuestionó el nuevo régimen penal juvenil impulsado por el Gobierno nacional y sostuvo que la provincia mantiene un abordaje basado en la contención, la formación y la inclusión.

Durante una entrevista en Radio La Torre, el funcionario planteó que las políticas destinadas a adolescentes deben contemplar las condiciones sociales y familiares de cada caso y generar herramientas para evitar que los jóvenes queden definitivamente fuera del sistema.

“Yo creo que el Gobierno Nacional busca criminalizar las juventudes”, afirmó Menem, quien vinculó esa postura con lo que definió como un proceso de reducción de recursos destinados al deporte, la cultura y las políticas de juventud.

En contraposición, señaló que el Gobierno de La Rioja continúa destinando recursos a esas áreas, además de sostener políticas vinculadas con la primera infancia y la inclusión de niños, niñas y adolescentes.

La provincia abordó 30 casos durante el año

Al referirse específicamente al trabajo que realiza la provincia con adolescentes en conflicto con la ley, Menem explicó que desde la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social funciona la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, de la que depende la Dirección de Niñez.

Dentro de esa estructura se encuentra la Coordinación Nueva Vida, vinculada al abordaje del penal juvenil.

El ministro informó que durante el año fueron abordados 30 casos, mediante un equipo técnico que trabaja directamente en territorio y mantiene contacto con las familias.

Según explicó, los equipos intervienen sobre la situación social, profesional y técnica de cada caso y también generan instancias de acompañamiento psicológico y espacios de conversación.

A esto se suman actividades deportivas y posibilidades de capacitación en oficios, entre ellas talleres vinculados con la economía social y popular.

Un modelo basado en la inclusión

Menem sostuvo que la provincia busca evitar que el abordaje de los adolescentes tenga exclusivamente una lógica punitiva.

En ese sentido, explicó que durante la pandemia un dispositivo destinado al penal juvenil fue cedido al Servicio Penitenciario para ampliar su capacidad, debido a la saturación que atravesaba ese sistema.

Sin embargo, indicó que actualmente los casos que llegan a la provincia son abordados principalmente mediante equipos profesionales que trabajan en los domicilios, en territorio y en las oficinas correspondientes.

“Nosotros lo vamos a hacer de esa manera”, sostuvo el ministro, al defender un modelo que contemple espacios de contención y formación antes que una respuesta centrada exclusivamente en la infraestructura carcelaria.

Menem planteó como alternativa la posibilidad de contar con dispositivos similares a centros de día, donde los adolescentes puedan realizar actividades deportivas, recreativas, educativas y técnicas con acompañamiento profesional.

El debate por los recursos

Uno de los principales cuestionamientos del ministro estuvo relacionado con los recursos necesarios para implementar el nuevo esquema penal juvenil.

Menem mencionó el caso de Córdoba y afirmó que esa provincia habría solicitado recursos nacionales para poder aplicar la nueva normativa. Según los números expuestos durante la entrevista, Córdoba habría pedido $25.000 millones, mientras que el presupuesto nacional destinado a las 24 provincias sería de $23.000 millones.

A partir de esos datos, el funcionario cuestionó que las provincias puedan implementar nuevas obligaciones sin contar con recursos suficientes para equipos técnicos, profesionales, oficinas e infraestructura.

Para Menem, el abordaje debe contemplar no solamente al adolescente sino también a su entorno familiar y las condiciones que atraviesa.

“Vamos a seguir invirtiendo en deporte, vamos a seguir invirtiendo en cultura, en primera infancia, en juventud y en políticas sociales”, afirmó.

El ministro sostuvo finalmente que el objetivo provincial es generar segundas oportunidades para los adolescentes que hayan atravesado situaciones vinculadas con la ley penal juvenil, mediante atención profesional, acompañamiento familiar, formación y herramientas que permitan su reinserción social.