Advierten por el avance de prestamistas ilegales
El ministro Miguel Zarate advirtió por el aumento de casos vinculados a prestamistas clandestinos que operan con amenazas y apropiación de bienes.
La preocupación por el crecimiento de casos vinculados a prestamistas ilegales encendió una señal de alerta en el ámbito de la seguridad provincial. Así lo confirmó el ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Miguel Zárate, quien advirtió sobre un incremento en situaciones donde personas son víctimas de amenazas, extorsión y apropiación indebida de bienes tras acceder a préstamos fuera del sistema financiero legal.
Según explicó el funcionario, si bien muchas de estas situaciones no se traducen en denuncias formales, el Estado ha tomado conocimiento de numerosos casos donde familias en situación de vulnerabilidad terminan entregando documentación de vehículos o inmuebles como garantía extorsiva. Esta práctica, señaló, se da principalmente en el marco de préstamos clandestinos con intereses usureros.
Zárate diferenció claramente estas operaciones del circuito financiero legal, que se encuentra regulado y habilitado. En contraste, indicó que quienes prestan dinero de manera clandestina suelen aprovecharse de la necesidad económica de las personas, generando mecanismos coercitivos que incluyen amenazas contra la integridad física de las víctimas o sus familiares.
En ese sentido, calificó la problemática como “urgente” y remarcó la necesidad de que el sistema judicial y el policial prioricen este tipo de situaciones. Además, informó que se puso a disposición de la ciudadanía la División Especial de Delitos Económicos de la Policía provincial para recibir denuncias y avanzar en las investigaciones correspondientes.
El ministro sostuvo que la usura constituye un delito en sí mismo, pero que en muchos casos se agrava con otros hechos penales como la retención indebida de documentación, la apropiación ilegal de bienes y las amenazas. Estas circunstancias generan un contexto de extrema vulnerabilidad no solo económica, sino también personal y familiar para quienes atraviesan estas situaciones.
Asimismo, reconoció que el miedo a represalias es uno de los principales factores que impide que las víctimas se animen a denunciar. Frente a ello, reiteró el pedido oficial para que quienes se encuentren afectados recurran tanto a la Policía como al Ministerio Público Fiscal, organismos que —afirmó— están preparados para actuar y solicitar medidas de protección ante la Justicia.
En esa línea, anticipó que mantendrá reuniones con fiscales y jueces de instrucción para plantear la dimensión social del problema y coordinar estrategias que permitan dar respuestas más rápidas y efectivas. “El Estado debe accionar contra quienes cometen estos delitos y se aprovechan de la necesidad de la gente”, subrayó.
Finalmente, remarcó que muchas personas quedan excluidas del acceso al crédito formal debido al contexto económico o al sobreendeudamiento, lo que las empuja hacia circuitos ilegales donde terminan perdiendo bienes o quedando atrapadas en situaciones de coerción. Por ello, insistió en la importancia de denunciar para que la justicia pueda intervenir y evitar que estos hechos se multipliquen.
